La Cámara de Diputados de Mendoza dio sanción final este miércoles a la reforma de la Ley 7.874 de Arbolado Público, un proyecto que busca cambiar drásticamente la gestión del patrimonio forestal de la provincia. La normativa propone una descentralización operativa y técnica que otorga una autonomía inédita a los municipios, aunque bajo el estricto paraguas de los lineamientos ambientales que dicte la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia a través de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque.
La reforma, que modifica los artículos 5, 20, 21, 22, 24 y 51 de la ley vigente, tiene como eje central adaptar el bosque urbano a los desafíos del cambio climático y a la escasez hídrica. Para ello, se ratifica la jurisdicción exclusiva de las comunas sobre los árboles en calles, rutas y plazas municipales. A cambio, los intendentes deberán presentar un Plan de Manejo Integral cada cuatro años e informes de ejecución anuales.
El fin de la “burocracia verde”
Uno de los principales impulsores del cambio fue el senador provincial y exintendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias. En diálogo con El Sol, el legislador aclaró que la modificación no suma peso a las comunas, sino que las empodera: “No se le da más responsabilidad a los municipios, sino facultades. Esto los alivia”.
Iglesias explicó que hasta ahora el sistema era ineficiente y generaba demoras innecesarias. “Hay dos situaciones: está el árbol que rompe vereda y se mete en cañerías, por ejemplo. El vecino iba al municipio y éste a la provincia y pasaba mucho tiempo hasta la aprobación. También están los eventos temporales. Allí, los problemas de jurisdicción van a seguir estando, pero los municipios van a tener la facultad de erradicar o no el árbol”, comentó, y añadió que ahora las comunas podrán “proceder con ingenieros forestales e ingenieros agrónomos”.
En la misma línea, el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, defendió la practicidad de la norma. “Todas las tareas de poda las hacen las municipalidades. Habría que ver cuáles hace Vialidad provincial en sus calles e Irrigación en las zonas que les pertenecen a ellos. Por lo tanto, el arbolado público al costado de las calles lo mantiene el municipio. Las cunetas también. Si hay una rama peligrosa, si hay una raíz que se metió en la cloaca, entre otras cosas, lo hace la municipalidad”, describió.
Para Allasino, lo positivo es la agilidad: “A veces se pasa hasta un año dando vueltas con papeles y al final se termina levantando toda una vereda. Me parece bien que obre el municipio, que evalúe el estado fitosanitario del árbol y que se comprometa a los replantes -tres cada uno-. Sí me parece que para un proyecto de gran envergadura está bien que intervenga el Gobierno provincial. Pero para una vereda me parece que las municipalidades ya tenemos suficiente conocimiento como para sacarlo adelante”.
Marcos Calvente, actual jefe comunal de Guaymallén, manifestó: “La modernización de la Ley de Arbolado Público representa un paso importante. La nueva normativa reconoce algo que en la práctica ya venía ocurriendo: son los municipios quienes están en el territorio, quienes reciben los reclamos y quienes deben dar respuestas rápidas ante situaciones de riesgo o mantenimiento del arbolado. Por eso me parece muy favorable. Esta modificación permitirá mayor celeridad en los procedimientos .
Y agregó: “En nuestro caso concreto en Guaymallén, contamos desde hace tiempo con una política pública consolidada en materia de arbolado, con planes de mantenimiento, forestación y una inversión sostenida de recursos propios. Asique el desafío no es nuevo. Pero si ahora será que todos los municipios y eso lo considero un avance en la misma dirección. Desde mi mirada, descentralizar la gestión es positivo siempre que vaya acompañado de responsabilidad, planificación y compromiso tanto con el ambiente como con la seguridad pública”.
El desafío técnico y el debate por los fondos
Para el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, la ley implica “algo positivo y también un desafío para los equipos de la municipalidad”. Según el jefe comunal, la reforma “reduce significativamente el tiempo burocrático para resolver reclamos de vecinos relacionados con el arbolado (extracción, poda, derrame). Si bien se simplifica el proceso de permiso, esto traslada a la municipalidad una responsabilidad legal importante ante cualquier eventualidad con un árbol. La ley exige profesionalizar el área, obligándonos a presentar un plan de arbolado cada cuatro años e informes anuales con criterios técnicos y priorizando la sustentabilidad”. Desde su entorno, además, fueron tajantes: “No es un problema de plata”. Aunque la profesionalización de equipos y utilización de cuadrillas implicará más gasto.
Sin embargo, en otros departamentos la preocupación financiera es el eje central. Fernando Ubieta, intendente de La Paz, consideró que “sin fondos, es una locura trasladar a los municipios” estas tareas. En sintonía, Ricardo Mansur, de Rivadavia, insistió en mirar la “letra chica” en lo que respecta a erogaciones para no comprometer los recursos municipales extra. Anticipó que estudiará los detalles.
En tanto que el diputado provincial Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) cuestionó la iniciativa porque “le quitan protección al arbolado a partir de seccionar la jurisdicción en pos de desligarse de la responsabilidad. Dicen que la Ley era mala, pero la realidad es que nunca la pusieron en práctica y lo que dicen que quieren facilitar ya lo facilita la Ley. Alcanzaba con modificar el artículo 47 para aclararlo o modificar la reglamentación. Esto tiene más un interés de desproteger el arbolado ya que no todos los municipios tienen las herramientas, ni el personal, ni los recursos para hacerse cargo de lo que hoy los quieren responsabilizar“.
Seguridad y la “guerra de responsabilidades”
Por su parte, Miguel Ronco, diputado provincial y exintendente de Rivadavia, durante la sesión respaldó la propuesta poniendo el acento en la necesidad de una intervención más efectiva frente a situaciones críticas que “han derivado en problemas graves, incluso con víctimas fatales”.
Un ejemplo es el de Cristina Alejandra Funes, de 37 años, quien el 30 de septiembre de 2025 murió aplastada por un árbol en la calle Rawson de Maipú. Si bien la caída del forestal se produjo debido a las intensas ráfagas de viento que azotaban la provincia, desde el municipio y la Dirección Provincial de Vialidad se refirieron al mantenimiento y la erradicación del arbolado en mal estado en esa zona. Esto provocó una suerte de “guerra de responsabilidades” entre Provincia y Maipú.
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Más allá de la política, la reforma introduce criterios técnicos modernos: se fomentará el uso de diversas especies para evitar que plagas masivas destruyan grandes superficies simultáneamente, también eficiencia hídrica y poda mínima para reducir residuos y optimizar la sombra.
La Autoridad de Aplicación provincial mantendrá atribuciones como fomentar la integración de oasis, promover programas obligatorios de educación ambiental en escuelas y proporcionar asesoramiento técnico para la valorización del sistema de riego.
