Si la Corte Suprema hubiera fallado a favor de los intereses del Ejecutivo nacional, ¿diría Cristina Kirchner que se trató de “un golpe contra las instituciones”? ¿Acaso leyó mínimamente el dictamen de marras?
Es curiosa la interpretación de la vicepresidenta respecto de la decisión judicial que se conoció este martes sobre la cuestión de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, que terminó de dar la razón a Horacio Rodríguez Larreta.
No solo porque denota su enojo concomitante, sino además porque demuestra que no sabe nada de derecho (¿Realmente es abogada?).
Por caso en uno de sus tuits, Cristina asegura que, en su fallo, la Corte Suprema decidió que “el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencias para tomar medidas sanitarias”.
Ello es falso: los jueces no invalidaron ninguna de todas las demás medidas adoptadas en el decreto por parte de Alberto Fernández, solo aquella que refiere a las clases presenciales.
Está claro que la otrora presidenta mide el impacto de lo ocurrido con el tamiz de sus pasiones, en lugar de analizarlo desde el derecho —y el sentido común, si se quiere—, como corresponde.
Porque no es posible que las decisiones judiciales solo sean buenas cuando la benefician y sean aberrantes toda vez que la perjudican. Es una postura casi infantil.
Dicho sea de paso, el presidente Fernández se mostró igual de molesto y contradictorio. “Me apena ver la decrepitud del derecho convertida en sentencia”, tuiteó luego de conocido el fallo.
Olvidando un viejo posteo que realizó en el año 2013, justamente referido a la Corte y a su vicepresidenta: “Si CFK no entiende que la Corte es un ‘contrapoder’ deberíamos averiguar quién la aprobó en Derecho Constitucional. Basta de sofismas!”. Clarísimo el concepto, que cabe en esta misma situación.
Para darle aún más contexto a las palabras del jefe de Estado, debe prestarse atención al voto de este lunes del juez Carlos Rosenkrantz, cuando afirma que la emergencia sanitaria “no es una franquicia para ignorar el derecho vigente y desconocer las competencias provinciales”.
Toda una lección para aquel que se jacta de ser profesor de Derecho. Y también para aquella que se arroga un diploma de abogada que jamás ha mostrado.
