Un grupo de legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), entre los que se destacó la mendocina Pamela Verasay, se reunió horas atrás con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, con el objetivo de definir detalles del proyecto de reforma laboral.
Si bien es cierto que el proyecto radical no fue negociado con los otros bloques “dialoguistas” (PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal), en la UCR confían en que existe un amplio consenso para avanzar con la la propuesta. De todos modos, esperan que durante el debate en comisión se implementen modificaciones y agregados.
Ver: La CGT le puso fecha a un nuevo paro general
Uno de los puntos claves por su impacto político será la eliminación de las contribuciones solidarias a los sindicatos, ya que recrudecerá la disputa con los gremios porque corta una de sus principales vías de financiamiento. La legislación actual permite que en los convenios colectivos se agregue una cuota extra tanto para afiliados como para no afiliados. En el radicalismo buscan prohibirlos por completo.
Por otra parte, la UCR busca la derogación de artículos y leyes que complejizan el marco laboral (ley 24.013, ley 25.013 y ley 25.323) y una fuerte reducción de las multas por trabajo no registrado para calcular las indemnizaciones. Estas fueron eliminadas en el DNU de Milei pero ahora pretenden reducirlas para garantizar consensos más amplios, según Infobae.
A modo de ejemplo, explicaron que aplicando las multas vigentes un despido con un sueldo de $500 mil brutos puede terminar en una indemnización de $5 millones. Mientras que con la reducción de multas rondaría los $1.5 millones.
Para la UCR, los agravamientos de las multas no son efectivos ya que la tasa de trabajo no registrado se incrementó en las últimas décadas, principalmente porque no se aplican en la mayoría de los casos. En ese sentido, optaron por “desincentivar” la industria del juicio laboral para garantizar certidumbre a las empresas.
La reducción de multas no incluye a la AFIP, que puede agravar hasta seis veces el monto adeudado en contribuciones patronales.
Además, el proyecto pone un fuerte énfasis en los incentivos positivos para que la registración sea más fácil. Una medida central en tal sentido será la reducción del costo de poner a un empleado en blanco.
Para eso se determinará un mínimo imponible a las contribuciones patronales equivalente a un salario mínimo para los primeros cinco empleados. O sea, una pyme o micropyme con cinco empleados que cobren el equivalente al salario mínimo no pagaría contribuciones. Si estos cinco empleados tuvieran sueldos más elevados, solo se pagaría sobre el excedente (Si el salario mínimo es de $202.000 y el empleado cobrara $302.000, la contribución sólo sería sobre los $100.000 excedentes). Esta propuesta repercutirá sobre las pequeñas empresas pero será insignificante para las grandes compañías.
También buscan declarar a la educación como servicio estratégico y esencial para garantizar el derecho de todos los alumnos al tiempo que se respeta el derecho a huelga. Los establecimientos educativos deberán estar siempre abiertos, incluso los días de paro, al igual que los servicios de alimentación.
Por otra parte, los días de paro se tendrá que garantizar la presencia de la nómina de personal docente y no docente de forma incremental: ante un paro de 24 horas, deberá presentarse el 30% de la dotación; con un paro de 48 horas, el 50%; para una medida de más de 5 días, el 75% de la dotación.
El proyecto radical amplía el período de prueba de tres a seis meses y también admite tres opciones relacionadas con el cese laboral. Además del sistema de indemnizaciones vigente, se podrá establecer por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8% de la remuneración). También se habilitará la opción de contratar un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización. La última opción está pensada para las empresas que tengan poca rotación de empleados y no obtengan beneficios del fondo de cese laboral.
También se agravarán las penas hasta un 100% para proteger contra el despido por discriminación, es decir los que sucedieron por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política.
Por último, y al igual que en el DNU de Milei, la UCR propone implementar un sistema simplificado y electrónico para la registración laboral, “asegurando eficiencia y simplificación de los trámites”.
“El mercado laboral presenta actualmente enormes desafíos: alta tasa de informalidad laboral, desempleo, precarización laboral, y pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Por ello, es necesario actualizar el marco normativo para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y el desarrollo económico del país”, añadieron al medio previamente citado.
