A finales de 2021, las radicales Mercedes Rus y Cecilia Canizzo presentaron un proyecto inspirado en Lucio Dupuy, el nene 5 años que murió tras recibir una fuerte golpiza en La Pampa.
La iniciativa de las radicales mendocinas, contempla la instrumentación de la historia clínica única de niños, niñas y adolescentes, como así también la capacitación obligatoria sobre maltrato y violencia en todos los poderes del Estado.
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Además, detallaron que incluye la incorporación de especiales deberes de solidaridad respecto a menores en situación de maltrato y la obligatoriedad de denuncia en determinados casos.
Las radicales, que buscan que se trate urgente el proyecto en la Legislatura, indicaron que buscan proteger “a los niños y niñas frente a hechos de maltrato y violencia”.
En concreto, dicho proyecto propone modificar tres leyes provinciales: ley 9139, ley 6730 y ley 9099, con incorporaciones trascendentales. Una de ellas es el establecimiento de los “deberes de solidaridad”, de la comunidad en general, y la obligatoriedad de denuncias de delitos dolosos contra la integridad física de niños/as y adolescentes.
La iniciativa también contempla la instrumentación de la historia clínica única, en organismos tanto públicos como privados. De esta forma, “se concentran en un solo lugar los antecedentes de salud, posibilitando que cada operador tenga el contexto del paciente al que asiste. Esto permite que se puedan visibilizar las alertas cuando el conjunto de la información sea indicativo de que el menor está sufriendo alguna vulneración, maltrato o violencia”, explicó Rus.
“Debemos ser parte del entendimiento de que los niños y niñas se consideran en situación de vulnerabilidad, no solo por su inmadurez psicofísica, sino sobre todo en lo que respecta a ellos como colectivo, en general, incapaz de autogestionarse acciones positivas de defensa de sus intereses y derechos. Muchas veces no tienen voz, ni quien hable por ellos. Por eso considero fundamental que se implementen políticas públicas para su protección”, agregó la diputada.
Las legisladoras, también incorporaron la capacitación en maltrato y violencia, en todos los poderes del Estado, priorizando a los agentes dependientes de las áreas de salud y educación.
