Este sábado, la Cámara de Diputados de la Nación sesionó para tratar el proyecto de ley mediante el que se modifica el impuesto a las Ganancias.
Allí estuvo presente el legislador de la Unión Cívica Radical-Juntos por el Cambio, Federico Zamarbide, quien pidió una moción de privilegio contra el presidente, Alberto Fernández. En tal instancia, se refirió al decreto que dispone un esquema de reducción de aportes y contribuciones patronales durante tres años para empresas de provincias del norte argentino.
Aquí, el texto completo de su discurso:
“La Provincia de Mendoza tiene ya una historia de lucha ante estos regímenes y una experiencia dolorosa desde el punto de vista económico. Sufrimos los efectos de la Ley 22.021 que instrumentó un régimen especial de Promoción Industrial en el Nuevo Cuyo, generando el efecto al que llamamos ‘empresas con rueditas’, fábricas que cerraban en una provincia para abrir sus puertas en otra.
En Mendoza, en el período de promoción desde el año 79’ al 2011, el empleo industrial creció apenas un 14% (menos de un 0,4% promedio por año). Mientras que, en las cuatro provincias promocionadas, el empleo industrial creció un 278% (7,5% promedio por año).
Los mendocinos iniciamos acciones judiciales contra la Promoción Industrial en provincias vecinas y esto fue una política de Estado para Mendoza. Tal es así que el juicio se inició bajo la gobernación de Arturo Lafalla, a quien no le pesó que el expresidente Carlos Menem fuera de su mismo partido político, y justamente se objetaban tres decretos nacionales, entendiendo que un régimen de este tipo sólo podría ser implementado por el Congreso.
Luego el exgobernador Julio Cobos acordó con el entonces presidente Néstor Kirchner que Mendoza recibiría un monto de 1.023 millones de dólares, destinados a la Obra Portezuelo del Viento u otra obra hídrica como compensación por el perjuicio de la Promoción Industrial.
Finalmente, el actual diputado entonces gobernador, Alfredo Cornejo, materializó ese Acuerdo, en virtud del cual hoy los mendocinos recibimos las cuotas de pago por parte del estado Nacional, proceso que está liderando el actual gobernador, Rodolfo Suarez. Y con el que vamos a concretar una obra en beneficio de todos los argentinos, generando energía sustentable para todo el país con recursos de los mendocinos.
Pero cada vez que se concreta una política de estímulos no adecuada, todos los argentinos terminan pagando los errores del gobierno Nacional. Si este decreto avanza en los términos en que ha sido planteado, no les quepa duda, de que vamos a recurrir a la Corte Suprema de Justicia.
Por supuesto, también actuamos desde el Congreso y ya presentamos, los diputados mendocinos de Juntos por el Cambio, un proyecto de ley que propone aplicar el esquema de reducción de aportes en todo el país. Cabe citar, que la Constitución Nacional en su artículo 99, inciso 3 dice que ‘el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo’.
El gobierno dice que emite este decreto en el marco de la ley 24.241, que en su artículo 188 dice ‘En la medida en que aumente la recaudación de los recursos de la seguridad social el Poder Ejecutivo queda facultado para disminuir proporcionalmente la incidencia tributaria sobre el costo laboral’.
Ahora bien, el Decreto 191 de este año, dice en sus considerandos: ‘es necesario instrumentar incentivos fiscales en las contribuciones patronales…’. Y marco esto porque hay una discusión sobre si los aportes y contribuciones patronales pueden ser considerados impuestos. Yo digo taxativamente que sí, que es dinero que recauda el Estado, para luego alimentar el sistema de jubilaciones, es cierto, pero hay muchos otros impuestos que también son de afectación específica y no por eso dejan de considerarse un tributo.
Entonces, si las contribuciones patronales son impuestos, y la creación o modificación de impuestos puede tener origen sólo en una ley presentada en la Cámara de Diputados, y ésta es Facultad indelegable del Congreso, entonces el presidente ha avasallado con esto la función de representatividad del Congreso Nacional.
Le pedimos al presidente Fernández dos cosas: una, que respete la división de poderes, y otra, que deje de discriminar a Mendoza”.
