Los subsidios económicos se dispararon más del 100% durante el 2020 y crecieron casi 80% interanual en el primer trimestre de este año, advirtió un informe de la consultora Ecolatina, en medio de la polémica en el Gobierno sobre qué hacer con las tarifas de electricidad y gas.
La entidad indicó que el crecimiento de los subsidios viene duplicando el ritmo de la inflación, y justificó la expresión del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien sostuvo que el cuadro tarifario actual es “pro-rico”.
Ecolatina explicó que los subsidios vienen ganando cada vez más peso como porcentaje del Producto Bruto, al pasar de 1,6% en 2019 a más de 3% este año.
“Esta dinámica encendió algunas luces de alerta hacia el interior del Ministerio de Economía, desnudando las distintas miradas existentes“, sostuvo la consultora en su informe.
Detalló que la Administración Pública Nacional paga actualmente subsidios por la importación, generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas; por el consumo residencial de garrafas; al transporte automotor, ferroviario y aerocomercial; y a otros (sector agropecuario e industrial, provisión de agua y saneamiento y otras empresas públicas).
De estas transferencias, las que tienen un mayor peso son las destinadas a abaratar los servicios energéticos, disociando el costo de la electricidad y el gas del precio pagado por los hogares, a lo cual hizo referencia días atrás el ministro Guzmán.
El año pasado, los subsidios energéticos representaron tres de cada cuatro pesos gastados en transferencias económicas corrientes a empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado, equivalentes a casi el 2% del PIB.
Estas transferencias buscan evitar que los movimientos en los costos del servicio (vinculados a las condiciones de producción, el tipo de cambio y los precios internacionales) afecten a las tarifas.
El volumen de los subsidios depende inversamente del precio de electricidad y gas pagado por los hogares.
Los aumentos en el precio unitario que pagan los consumidores reducen el monto que desembolsa el Sector Público por cada kw o metro cúbico de gas utilizado.
Pero, además, porque el uso de energía es sensible al precio (por ejemplo, la demanda residencial trepó 76% entre 2005 y 2015, mientras que el PBI corriente subió la mitad).
Por este motivo, al elevar el precio de estos servicios se reduce su consumo, disminuyendo el monto total a financiar por el Tesoro, indicó el reporte.
Explicó que al necesitarse menos gas y electricidad, la demanda puede cubrirse con producción local, achicando la necesidad de importarlos, lo que es mucho más costoso e insume divisas en poder del Banco Central.
“Actualmente, los subsidios vienen elevándose al ritmo del retraso tarifario, generando una distorsión de precios poco sostenible, que eventualmente deberá corregirse”, estimó.
No obstante, reconoció que si bien reducir subsidios “aporta sostenibilidad a la dinámica de las cuentas públicas, subir las tarifas de gas o electricidad no es inocuo: tiene impactos sobre los ingresos de los hogares, reduciendo su capacidad de consumo, y, además, sobre la dinámica inflacionaria”.
“Desde este punto de vista puede comprenderse el motivo para postergar las actualizaciones, ya que las mismas agravarían la caída del salario real en una economía muy golpeada y a poco de las elecciones. A la vez, sumarían tensiones a una inflación que no da tregua”, indicó.
El informe de Ecolatina consideró posible afrontar la tendencia “pro-rico” del esquema tarifario, “segmentando a los usuarios, con la intención de incrementar el pago únicamente de aquellos sectores que puedan afrontarlo”.
“Considerando las experiencias del IFE y la Tarifa Social Eléctrica, las bases de datos de AFIP y de ANSES, entre otros, esto pareciera ser viable técnicamente“, indicó.
Consideró que este procedimiento “agudizaría la progresividad y ayudaría a corregir el carácter pro-rico de dicho gasto”.
Sin embargo, sostuvo Ecolatina, la “implementación de este esquema sigue postergándose, provocando que el desfasaje entre las tarifas y la inflación del resto de productos sea cada vez mayor”.
“Aumentar las tarifas puede ser indeseable en lo inmediato y afectar al humor electoral, pero si su congelamiento demanda crecientes recursos fiscales y de dólares, el resultado podría ser incluso peor”, alertó.
Advirtió que “mayores expectativas de devaluación o un salto de los tipos de cambio paralelos afectarían más al humor electoral que una actualización del precio de los servicios públicos”.
