La mitad de las provincias argentinas tuvo en 2020 un desempeño presupuestario peor al del año anterior y el conjunto de los 24 distritos cerró el año con el peor nivel de transparencia desde 2017.
La evaluación corresponde al Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y muestra un retroceso en la transparencia presupuestaria de las jurisdicciones subnacionales que podría contar con dos atenuantes: para muchas administraciones representó el inicio de la gestión luego de la renovación de autoridades del 10 de diciembre de 2019 y, además, la emergencia de la pandemia de coronavirus alteró gran parte de las previsiones.
La atención de quienes siguen el cumplimiento de la ley de Responsabilidad Fiscal estuvo centrada más en Buenos Aires y en Santa Fe más que en el resto de las provincias, no solo por el peso político y económico de los dos distritos sino por tratarse de dos cambios de signo político en favor del Justicialismo: en el primero de Cambiemos y en el segundo del Frente Progresista Cívico y Social.
Los traspasos de mando que incluyen cambios en la orientación política representan por lo general una complicación en la ejecución presupuestaria, en tanto el proyecto de ley fue elaborado (y generalmente también sancionado) por la administración saliente, y los funcionarios entrantes suelen pasar los primeros meses poniéndose al día con detalles de gestión.
Sin embargo, las realidades santafesina y bonaerense en materia presupuestaria fueron totalmente diferentes: en la evaluación de CIPPEC, la administración de Omar Perotti tuvo un nivel de cumplimiento óptimo, de 10 puntos sobre 10, con una mejora respecto del 9,85 que el ex gobernador Miguel Lifschitz obtuvo en 2019.
Santa Fe compartió en 2020 el primer puesto con Entre Ríos, en la que la continuidad de Gustavo Bordet facilitó la gestión. Por el contrario, la provincia de Buenos Aires retrocedió diez puestos al pasar de la décima posición en 2019, con 8,50 puntos, al vigésimo lugar en 2020, con 5,85 puntos, en lo que puso en evidencia los problemas de traspaso de María Eugenia Vidal a Axel Kicillof.
Con todo, la provincia de peor nivel de cumplimiento y mayor retroceso anual fue Corrientes, una de las dos en las que el cronograma electoral es diferente y que está gobernada por Gustavo Valdés desde 2017. Con la misma administración, paso del vigésimo al vigésimo cuarto puesto, con un notorio retroceso en el nivel de cumplimiento, que pasó de 6,60 puntos en 2019 a 1,60 en 2020.
En la medición del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP) el CIPPEC evalúa la cantidad, nivel de detalle y grado de actualización de la información presupuestaria y fiscal que las provincias publican en sus páginas web oficiales. En 2020 el promedio de las 24 provincias disminuyó de 7,8 en 2019 a 7,2 en 2020, la puntuación más baja desde 2017.
La caída estuvo asociada a la menor publicación de documentos clave, como presupuestos plurianuales, ejecuciones de gastos, cuentas de inversión y apertura de tributos recaudados, y a un mayor rezago en la publicación de datos de ejecución presupuestaria, recaudación impositiva, endeudamiento y transferencia a municipios.
CIPPEC destacó que “en cuatro provincias la disminución es marcada”, en alusión a Santiago del Estero, Chaco y las ya mencionadas Buenos Aires y Corrientes. “En el extremo opuesto, Jujuy y La Rioja fueron las que más mejoraron su puntaje, y Santa Fe y Entre Ríos lograron los 10 puntos totales del índice”, remarcó la entidad.
El cambio de gobierno y la consecuente necesidad de adaptación de los nuevos funcionarios fue uno de los puntos considerados por CIPPEC para explicar el descenso en el cumplimiento.
Al respecto, la entidad indicó que “7 de las 11 provincias que cambiaron sus gobernaciones tuvieron una caída en el desempeño de su puntuación (64%), pero también “4 de las 13 provincias que mantuvieron sus gobernaciones (38%) tuvieron un menor puntaje que en 2019”.
“Esto pone de manifiesto la importancia de contar con una burocracia profesional y estabilidad en los mandos medios en los distintos gobiernos, incluso ante cambios de gestión”, dijo Juan Pablo Niño, coordinador de Gestión y Administración de CIPPEC.
Por su parte, el analista de la entidad, Santiago Lacroix Eussler, sostuvo que “sería razonable suponer que la calidad de la gestión estatal provincial se viese afectada por la pandemia, pero no alcanza para ser una razón válida para disminuir la rendición de cuentas de los gobiernos provinciales.
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