El Tribunal Constitucional de Italia emitió una sentencia por la cual ya no se podrá otorgar de manera automática el apellido paterno a los hijos, sino que llevarán el de los dos cónyuges, en el orden que la pareja acuerde. Una ‘revolución’ que pone fin a uno de los grandes atrasos del país europeo en materia de derechos civiles, pero que deberá ahora articularse a través del Parlamento. En España, una norma similar está en vigor desde 2017.
La resolución del Tribunal establece que el orden en el que se asignen los apellidos dependerá de lo que decidan los padres. “La Corte ve discriminatorio y lesivo para la identidad del hijo la regla que asigna automáticamente el apellido del padre. A la luz del principio de igualdad y en interés del hijo, ambos padres deben poder compartir la elección del apellido, pues supone un elemento fundamental de la identidad personal”, explicó el tribunal en un comunicado.
El Constitucional, presidido por el exprimer ministro Giuliano Amato, considera ahora que otorgar de forma automática el apellido paterno viola varios artículos de la Constitución. Especialmente el tercero, que establece que “todos los ciudadanos tienen la misma dignidad social y son iguales ante la ley sin distinción de sexo”. La sentencia llega después de varias reclamaciones, especialmente las de dos familias de Calabria y una de Bolzano, que recurrió a la corte porque quería dar el apellido de la madre hace 20 años. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya le había dado la razón en 2014, pero hasta hoy no había sido reconocida esa sentencia en Italia.
El único resultado que había obtenido esta lucha hasta ahora era el de lograr asignar ambos apellidos a los hijos. Uno de los casos más conocidos —también polémicos— fue el de Alessandra Mussolini, hija del dictador fascista italiano, que peleó para que sus hijos tuvieran también el apellido de su abuelo y este no se extinguiese. Una reivindicación que plantea, en el fondo, la necesidad de otorgar ambos apellidos o de poder elegir el que se considere más oportuno para perpetuar la historia de las familias. Algo que ya sucede en la mayoría de países europeos.
La clave de la resolución, sin embargo, se halla ahora en cómo el Parlamento legislará y logrará poner en orden lo que podría generar un caos de solicitudes y de cambios en la documentación oficial de todos los italianos. Las sentencias de inconstitucionalidad son retroactivas, pero para aplicarla a los niños ya nacidos no está claro todavía cómo deberá procederse ni el grado de dificultad que deberán afrontar los padres.
Fuente: El País
