Luego de idas y vueltas con la oposición -por el rol de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, el interino Eduardo Casal, y el candidato del Presidente, Daniel Rafecas-, el oficialismo del Senado le dio forma al dictamen que modifica la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. Explicaron que se recortará el mandato del procurador, ya que actualmente es vitalicio. De este modo flexibiliza la mayoría de votos necesaria para su designación; y, aunque modifica algunos puntos para su remoción, mantiene los dos tercios para ello. Juntos por el Cambio trabaja en la presentación de un dictamen de minoría.
Con la participación estelar de Anabel Fernández Sagasti y Oscar Parrilli —principales “espadas” de Cristina Kirchner en la cámara alta— se sugirió que el cargo tenga un plazo de cinco años y con la posibilidad de una sola reelección con acuerdo del Senado, siempre y cuando el candidato no supere los 75 años de edad. También destacaron que la designación no podrá darse durante años electorales.
Además, sostuvieron que se elimina la mayoría agravada de dos tercios para su designación y fija una mayoría absoluta. De este modo, la mitad más uno del total de los miembros del Senado que, en lo concreto, significa 37 votos positivos de los 72 senadores. “Es importante el logro de consensos. Este es el piso, no significa que no construyamos unanimidad”, dijo a Clarin la senadora cristinista María de los Angeles Sacnun, quien citó el proyecto que el ex senador Federico Pinedo (PRO) había presentado durante la gestión de Cambiemos, en la misma línea.
Desde el oficialismo también apuntan a modificar los mecanismos de remoción. Hoy por hoy, la normativa estipula que el procurador debe ser removido por juicio político, lo que lleva a que tanto la Cámara de diputados como de senadores acepten el desplazamiento con dos tercios de los votos.
El proyecto del Frente de Todos plantea dos vías: “Una puede ser que el Ejecutivo comunique a Diputados la intención de desplazamiento y que esa Cámara con dos tercios pueda iniciar el proceso” y la otra es que la destitución comience “por solicitud de cualquiera de los miembros de la Cámara de Diputados, con aprobación de una mayoría absoluta, pero con acuerdo del Senado con mayoría de los dos tercios”.
El comité de juristas que trabaja junto al presidente Alberto Fernández recomendó bajar la mayoría para la designación, aunque coincidió en mantener los dos tercios para su desplazamiento.
Por su parte, desde la oposición de Juntos por el Cambio adelantaron que presentarán un dictamen propio. “Compartimos algunas cosas, otras no, por eso vamos a presentar un dictamen propio. Cabe recordar que de los 16 expositores que se presentaron en la comisión, 14 dijeron que no debía tocarse la composición actual de los dos tercios para la designación del procurador”, manifestó la radical Silvia Giacoppo.
El senador rionegrino Alberto Weretilneck, autor de uno de los proyectos base para la discusión, se mostró dubitativo y no confirmó aún si lo firmará. “Hay cosas que coincidimos, pido una copia para ver si me sumo o voy en minoría con mi proyecto”, señaló.
Esta discusión ha llevado a horas de cruces entre el oficialismo y la oposición.
“El tema del procurador es un problema a resolver. No es un tema que esta gestión haya instalado como necesidad sino que, me veo en la obligación de decirlo, es un tema que viene de arrastre”, sostuvo Oscar Parrilli, presidente de la comisión de Justicia, en el arranque y recordó la renuncia de la ex jefa de fiscales Alejandra Gils Carbó.
En ese sentido, responsabilizó a la oposición de haber llevado adelante “una persecución” en contra de ella durante el gobierno de Mauricio Macri hasta forzar la renuncia y de haber “apelado al mecanismo anormal” del procurador interino, con Eduardo Casal. También, aunque sin mencionarlo, se refirió al candidato del presidente Daniel Rafecas.
“Por un grave error político de gestión anterior se embistió con esta procuradora acusándola de pertenencia a nuestro sector político“, planteó Parrilli y se refirió a Casal: “Permanece en el puesto sin acuerdo del Senado, y sujeto a las presiones del poder -políticas y económicas-; ha sido objeto de críticas e incluso el pedido de juicio político. Se envió un nuevo candidato, no se obtiene la mayoría necesaria y comenzó un desgaste y situación por demás fuera de lo normal. Por eso este Senado se abocó a tratar de resolver el problema”.
La radical Silvia Elías de Pérez expresó una postura totalmente diferente a la del senador oficialista: “Se habló de la persecución de una procuradora brillante. La verdad que nos estamos olvidando que utilizaba subrogancia para cambiar de lugar fiscales, que suspendía a fiscales cuando no le gustaba como resolvían las causas, recordemos a José María Campagnoli, y hablando de transparencia, tuvo problemas con la compra de un inmueble”.
A su vez, afirmó que “la ley es la que dice que Casal debe estar en ese lugar” y disparó: “El pliego de Rafecas no se trata porque ustedes no lo ponen en tratamiento. Pregúntele a la comisión de Acuerdos, no reclamen a la oposición”.
Sin embargo, destacó que se mantengan los dos tercios para la remoción: “Sería una locura que la remoción sea por mayoría simple o absoluta porque así el procurador quedaría pendiendo de un hilo”.
Martín Lousteau, senador radical, expresó que “es extraña y esquizofrénica” la idea de bajar la mayoría para la designación pero dejarla para la remoción.
“Entendemos que en este caso tiene que haber una mayor prevalencia en cuanto a que cuando se ejercite su derecho de defensa, el procurador tenga una mirada mucho más aguda”, respondió la senadora nacional por Santa Fe Sacnun.
La idea de modificar la ley empezó el mes pasado cuando, utilizando dos proyectos presentados por la propia oposición –el de Lucila Crexell (MPN) y Martín Lousteau (UCR)-, Parrilli llamó sorpresivamente a la comisión de Justicia para debatir la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal.
Para intentar frenar el debate, el interbloque de Juntos por el Cambio solicitó retirar ambos proyectos, pero el oficialismo impuso su mayoría y no se los permitió.
Casal es procurador interino desde 2017, cuando renunció Alejandra Gils Carbó. Durante la gestión anterior, Mauricio Macri no logró obtener los dos tercios necesarios para designar a su candidata Inés Weinberg de Roca.
