Claudio Izaguirre es el presidente de la Asociación Antidrogas de la Argentina y pasó por Radio News para hablar de este tópico que viene recrudeciendo en el tiempo sin solución de continuidad.
Respecto del consumo en épocas de pandemia y cuarentena, aseguró que “han habido cambios, un aumento significativo de consumo y el narcotráfico ha encontrado en los delivery de bicicleta la posibilidad de llegar a los consumidores directamente en su casa”.
Aumentó en un 500 por ciento el consumo de sustancias
“La realidad es que la primera etapa de la pandemia la gente no podía salir a la calle salvo los esenciales, entonces el narcotráfico encuentra a los pibes que reparten en bicicleta la posibilidad de llegar a los clientes y esto dio para ellos un resultado espectacular y aumentó en un 500 por ciento el consumo de sustancias. La realidad es que las personas con problemas de adicción encontraron en este sistema la posibilidad de estar en su casa y la sustancia le llegue allí una hora después de haber hecho el pedido” agregó.
Comentó también que “en realidad el consumidor de droga es consumidor de droga, punto. La excusa que pone para consumir determinada sustancia ya es otro tema. La realidad es que la oferta aumentó, por lo tanto la cantidad de consumidores aumentó, y desde el Estado no se pudo frenar ni el ingreso de drogas a la Argentina, ni la distribución mayorista, ni la distribución minorista, que encontró en los pibes en bicicleta la posibilidad de llevar adelante la comercialización sin que nade los moleste”.
Al ser consultado sobre el costo de los estupefacientes, respondió que “alrededor de los 2.000 pesos, antes de la pandemia un gramo de cocaína estaba 500 o 600 pesos, entonces aumentó fuerte. Y los 25 gramos de marihuana están maso menos en el mismo precio”.
“Aumentó el consumo, aumentó obviamente el precio y por otro lado el Estado nos ofrece la desaparición de los neuropsiquiátricos y de los centros de rehabilitación, por lo que la situación es cada vez más complicada” aseveró, añadiendo que “la respuesta es hacer desaparecer los centros de rehabilitación de forma definitiva”.
“Hay instituciones que cobran 40 mil pesos por mes”
Analizó que “es la única ley en la historia del mundo que mata gente. Esta imposibilidad de internar a una persona en estadio de crisis hace que la situación se complique para todos los ciudadanos. Debemos recordad el caso de la muerte del policía de la avenida Figueroa Alcorta de la Capital Federal en manos de una persona que tiene problemas psiquiátricos”.
En tal sentido, contó que “cuando uno lo ve al enfermo psiquiátrico o adicto en crisis internado, lo ve tomando medicación y cuando sale si no sale en tiempo y forma y recompuesto la persona deja de tomar las medicaciones y los brotes pueden volver a surgir”.
“Cuando deja de ser inminente lo vuelven a dejar en la calle, sin embargo cuando un médico psiquiatra se acerca al domicilio le hace 3 o cuatro preguntas al brotado como ‘¿Quién sos?’, ‘¿Quién es el presidente de la nación?’ y si la persona contesta estas preguntas, el medico debe considerar que la persona está en sus cabales, se da media vuelta y se va y por lo tanto deja al enajenado con su familia que fue la que llamó a la ambulancia psiquiátrica” explicitó.
Al ser consultado sobre cuánto sale un centro de rehabilitación privado, contestó que “hay instituciones que cobran 40 mil pesos por mes y hay instituciones que llegan a cobrar hasta 120 mil pesos por mes según la hotelería que tienen, pero en todos los casos hay médicos psiquiatras, psicólogos, hay operadores socio-terapéuticos que acompañan a las personas, hay una serie de personas alrededor de, en este caso, el adicto en consumo, que le pueden dar una buena vida si logra terminar ese tratamiento. Pero la ley de salud mental impide, por ejemplo, la internación compulsiva considerándola secuestro y procesando como secuestrador al médico tratante, al staff de la institución. Así que no se puede incorporar a una persona si no desea ser internada”.
“Los neuropsiquiátricos y centros de rehabilitación que cierran son públicos, privados, laicos y religiosos, son todos. El país se queda sin centros para tratar drogadependientes si a cosa sigue como hasta ahora. Acá hay una decisión política de desechar las resoluciones del Ministerio de Salud y a partir de ahí llevar a la ley de salud mental como una forma inútil” explicó.
Sobre el propósito de la ley de Salud Mental analizó que “entiendo que lo que se busca es que la persona pueda ejercer sus derechos humanos. La persona tiene derecho a consumir sin quiere y cuando no quiere va a dejar de consumir, este es el pensamiento último de quienes hoy están en el gobierno. Lo que pasa es que una persona con problemas de adicción no tiene posibilidades de elegir no tiene posibilidades de razonar”
Y por último argumentó mencionando que “o sea, una persona con problemas de adicción tiene de alguna manera destruido su cerebro para hacer cosas positivas para él, en este sentido, la persona no tiene capacidad de elegir por su salud, elige por su consumo”.
