Días atrás se conoció que el Gobierno nacional trabaja intensamente en la elaboración de un decreto para vender más de 370 terrenos y edificios públicos a un valor de US$1000 millones.
En Casa Rosada lo que buscan es desligarse de propiedades en desuso y sumar dólares a las cuentas públicas.
Esta iniciativa, que es impulsada por el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Nicolás Pakgojz, ha despertado preocupación en los diputados nacionales por Mendoza de Unión por la Patria (UxP).
Con @Lilipaponet y @MartinAveiro expresamos nuestra preocupación por la posible venta de más de 370 terrenos y edificios públicos, por parte del Ejecutivo nacional. La CN sólo otorga al Congreso “Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional”. pic.twitter.com/fhx1ji8Qmd
— Adolfo Bermejo (@DipBermejo) July 18, 2024
Liliana Paponet, Martín Aveiro y Adolfo Bermejo se manifestaron en contra del tema, y remarcaron que la Constitución Nacional “sólo otorga al Congreso ‘disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional”.
Mediante un proyecto de declaración, cuestionaron la posible propuesta, y detallaron que “cuando hablamos de recursos vemos que no sólo son utilizados para costear los gastos del Estado, sino que también constituyen un instrumento de relevancia en el desarrollo de la política económica de un país”.
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“Ante la especulación inmobiliaria y con el fin de preservar recursos naturales estratégicos para la Nación Argentina, insistimos que el Congreso de la Nación, a través del artículo 75, inciso 5 de la Constitución Nacional, otorga facultades sólo a este poder del Estado para ‘Disponer del uso y enajenación de las tierras de propiedad nacional”.
Y remarcaron que en los últimos años, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) acostumbró a atribuirse este tipo de iniciativas. “Es por ello, ante las versiones vertidas que queremos recordar nuestra manda constitucional con el fin de evitar que recursos que pertenecen a todos los argentinos y argentinas sean transferidos a privados, desconociendo la intencionalidad para lo cual son adquiridos”.
