El presidente Javier Milei, y el titular del Ministerio de Defensa, Luis Petri, le pidieron al Senado por el ascenso de 15 tenientes coroneles a los que Cristina Kirchner castigó por ser parientes de condenados por delitos de lesa humanidad.
Estos expedientes quedaron en poder de la Cámara alta, que junto al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, evaluarán si están en condiciones de que se les reconozca el grado de coronel.
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En el oficialismo hay apuro y bronca hacia el kirchnerismo, ya que entienden que la ex ministra de Defensa, Nilda Garré, en su momento le dio intervención a organismos de derechos humanos para que decidieran antes de que se definiera un ascenso a grados superior.
En un mensaje emitido el martes, y que fue firmado por el presidente Milei y el ministro Luis Petri, le solicitaron al Senado para que, “en cumplimiento del artículo 99, inciso 13 de la Constitución Nacional, darle el acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior” a los siguientes tenientes coroneles: Guillermo Alejandro Saá, Jorge Luis Toccalino, Ricardo Horacio Muñoz, Ramón Centeno de la Vega, Francisco Javier Canevaro, Marcelo Ramón Borzone, Mario Alejandro Díaz, Justo Rojas Alcorta, Edgardo Calvi, Gustavo Cattáneo, Julio Balloffet, Oscar Faisal, Marcelo Huergo, Pedro Tagni y Antonio Agustín Duarte.
En el texto advirtieron que “el personal en consideración ha reunido en oportunidad de su propuesta de promoción las condiciones exigidas por la Ley para el Personal Militar N° 19.101 y sus modificatorias”. Se trata de una posición que deja sin efecto el anterior criterio que había tenido el kirchnerismo, y que no se modificó durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández.
Esta decisión está en sintonía con la que fue tomada en los últimos días hábiles de diciembre, cuando el Gobierno envió un mensaje similar pero referido a la Armada Argentina pidiendo al Senado la promoción de los capitanes de fragata Marcelo Barbich, Gustavo Barreto Neuendorf, Juan José Lucena, Eduardo Enrique Pizzagalli, Jorge Emilio Sciurano y James Ronald Whamond.
Según trascendió horas atrás, si se aprueba la solicitud, los uniformados tanto del Ejército como de la Marina, serán promovidos con carácter retroactivo desde el último día de 2018, ya que “reúnen las condiciones exigidas por la Ley”.
Cuando dio a conocer esta propuesta a fines de 2024, en el envío del primero de los mensajes, las autoridades nacionales remarcaron que “de la información suministrada por la entonces Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del ex-Ministerio de Justicia y Derechos Humanos surge que no se hallan antecedentes que vinculen al Personal Militar precedentemente citado con causas por violaciones a los Derechos Humanos y/o contra el Orden Constitucional”.
Antes esta situación, durante la presidencia de Macri, el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, comenzó las gestiones para dejar sin efecto la medida de bloquear los ascensos que había ejecutado su antecesora Garré. “Es una reivindicación ante una injusticia, como lo fue dejar afuera a miembros de las Fuerzas Armadas por su apellido. Una muestra del populismo del anterior gobierno, que tomaba decisiones solo para quedar bien con sus votantes”, afirmó entonces el funcionario.
La idea de volverle a pedir al Senado el ascenso de estos 21 militares va en línea con una medida previa que tomó Petri. El mendocino impulsó el desarme de la dirección de derechos humanos, que revisaba sin intervención judicial los legajos de los militares y bloqueaba los ascensos y les daba documentos e información a organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Además, en un giro clave, la cartera guiada por el mendocino contrató en la Dirección de Derechos Humanos a Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure, los hijos de dos coroneles que fueron asesinados en los 70 por guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
