El tema del que no se puede dejar de hablar es el coronavirus, la llegada de la segunda ola, el ingreso de nuevas variantes, la compra de vacunas y el estrés del sistema sanitario, un combo que, sumado a la crisis económica, no encuentra salida elocuente.
Los expertos aseguran que hay que volver a fase 1, por lo menos por tres semanas. Resulta ser algo totalmente descabellado teniendo en cuenta la dificultad económica que atraviesa la Argentina y, cómo no, la mayor parte de la población.
Como ya se ha dicho, 42% de pobreza alcanzó el país a fines de 2020, 6 de cada 10 menores de 14 años no pueden cubrir las necesidades básicas y el 70% de los que piden una asistencia alimentaria tiene menos de 30 años.
Con estos números, ¿Qué le espera a la Argentina en 10 o 20 años? ¿Cuánto más será la población que salga a pedir comida? ¿Cómo se le pasó de largo a los oficialismos de turno de las últimas décadas?
La decadencia continúa in crescendo y, mientras tanto, la política se ocupa de cuestiones coyunturales sin dar con la tecla a la hora de “encender la economía”, tal como le gustaba mencionar al presidente Alberto Fernández en plena campaña electoral.
Es que, realmente, ¿el Gobierno sabe lo que está haciendo? ¿Es consciente de los problemas que realmente ocupan a la población? Parece que no, que todo es negocio y avanzada contra la Justicia y los medios de comunicación disidentes o independientes.
Ello explicaría por qué el jefe de Gabinete Santiago Cafiero aseguró que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, los Municipios y el sector privado, pueden gestionar la compra de vacunas luego de que en noviembre pasado manifestara que la adquisición de dosis debía estar centralizada quedando en manos únicamente del Gobierno nacional.
Es casi obvio que, tras el fracaso en la campaña de vacunación, el Ejecutivo que comanda Alberto Fernández, con funcionarios que no funcionan según la vicepresidenta Cristina Fernández, decidiera “tirarle la pelota a las provincias”, tal como señaló el gobernador mendocino Rodolfo Suarez.
No debería sorprender si el día de mañana, de fracasar la estrategia de las distintas jurisdicciones, el Gobierno nacional decida lavarse las manos y echar culpas, sobre todo a distritos opositores.
Tampoco sorprende que Pedro Cahn, el infectólogo asesor de Alberto Fernández, dijera que no está permitido por ley que las provincias compren vacunas cuando la ley 27.573, sancionada en noviembre del 2020, dice expresamente que “idéntico tratamiento recibirán las vacunas que eventualmente puedan adquirir las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Pero no es lo uno curioso que dijo, sino que además mencionó que “lo ideal sería un confinamiento total de tres semanas”, exactamente lo mismo que dijo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
Por esa misma línea avanzaron el ministro y el viceministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán y Nicolás Kreplak respectivamente, quienes aseguran que se deben tomar medidas más restrictivas. ¿Acaso se está preparando el escenario o se estará midiendo el humor social ante la posibilidad de mayores restricciones?
Eso es imposible, apenas el Gobierno decidió restringir la circulación de 0 a 6 horas, que per se son las menos transitadas, industrias como la del entretenimiento o sectores como la gastronomía salieron a quejarse.
El jefe de Estado sabe que su popularidad va mermando cada día que pasa y la idea del “botón rojo” con el que había amenazado a mediados del año pasado quedó fuera de juego. ¿Quién podría aguantar de vuelta un cierre como el vivido a partir del 19 de marzo del 2020?
En el mientras tanto, más gente pasa el auto de propulsión a nafta a un tanque de gas… el que puede pagar 70 mil pesos, ello a raíz de la constante suba de los combustibles. Argentina está cerca del podio histórico de consumo de pollo por el aumento de la carne roja, y en varios comercios del país se sufre desabastecimiento en parte por la falta de previsibilidad de la economía.
Entonces, nuevamente, mientras el Gobierno se enfrasca en temas meramente coyunturales, la Argentina va caída libre a ser un país del submundo, con una población que puede terminar dependiendo casi en su totalidad de las asignaciones y trabajos estatales y una pobreza que promete ser escabrosa.
Esto se puede evitar simplemente terminando con el negocio de la grieta y encontrando consensos que terminen por generar una política de estado a largo plazo que edifique bases que finalmente sean continuadas por los gobiernos futuros independientemente del color o la ideología política.
¿Eso puede pasar en Argentina? Se ve difícil, sobre todo teniendo en cuenta que dos grandes figuras de la política, como Cristina Fernández y Patricia Bullrich discuten, para ver quién es qué personaje ficticio.
¿Será Ezeiza la única salida como muchos sostienen?
