El gobierno de Javier Milei anunció que la Cancillería iniciará procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas por actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La medida se conoció horas después de que el presidente diera un mensaje por cadena nacional en el que ratificó el reclamo de soberanía y cuestionó el avance del proyecto Sea Lion, el yacimiento que, de completarse, sería el primero en producir crudo en aguas próximas al archipiélago.
Las investigaciones apuntan contra empresas licenciatarias, sus accionistas y compañías que les prestan servicios. Entre las principales figuran las británicas Rockhopper Exploration y Borders & Southern, las israelíes Navitas Petroleum y sus fondos accionistas (Harel, Migdal, Phoenix, Meitav), la canadiense JHI Associates y la también canadiense Eco Atlantic Oil & Gas. La lista incluye además proveedores de infraestructura como la británica Noble Corporation, la danesa AP Moller, y fondos estadounidenses como Vanguard, Dimensional y First Eagle.
El proyecto Sea Lion, conducido por Navitas (65%) y Rockhopper (35%), está ubicado a 220 kilómetros al norte de las islas y cuenta con reservas estimadas en 314 millones de barriles. El plan proyecta una producción de 50.000 barriles diarios y el primer petróleo para marzo de 2028. La Cancillería ya había rechazado la decisión final de inversión de ambas compañías en diciembre de 2025, calificándolas de licenciatarias ilegítimas.
Milei explicó que la Cancillería envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países vinculados a proyectos en las islas, y anticipó la firma de un decreto reglamentario para agilizar los procedimientos de la Ley 26.659. También adelantó el envío al Congreso de un Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que endurecerá las sanciones y ampliará su alcance a las empresas que presten servicios a quienes exploten hidrocarburos en la zona. La iniciativa prevé además la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y un régimen de protección de infraestructuras críticas.
Entre las medidas, el presidente incluyó la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego, que según dijo convertirá a la Argentina en un polo logístico del Atlántico Sur. El anuncio se enmarcó en un discurso donde insistió en que la cuestión Malvinas trasciende las diferencias partidarias.
El Reino Unido respondió rápidamente. Un portavoz de Downing Street señaló que las fuerzas armadas británicas “permanecen en alerta permanente para proteger sus intereses” y remarcó que las islas seguirán siendo británicas mientras esa sea la voluntad de sus habitantes. El ministro de Defensa Wes Streeting sostuvo que las declaraciones de Milei reflejaban más una cuestión de política interna que un cambio real en la situación, y el canciller Ed Miliband coincidió en que el archipiélago seguirá bajo administración británica. Desde Londres también defendieron el derecho de los isleños a explotar sus recursos naturales.
