La medida quedó formalizada mediante el Decreto 109/2026, publicado en el Boletín Oficial, y se suma a la serie de bonos que el Ejecutivo viene otorgando desde comienzos de 2024 con el argumento de amortiguar el impacto de la inflación sobre los ingresos previsionales.
El refuerzo alcanza a titulares de prestaciones contributivas otorgadas bajo la Ley 24.241 y regímenes anteriores, incluidos sistemas especiales ya derogados y ex cajas provinciales y municipales transferidas a la Nación. También abarca a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y pensiones graciables. El bono se liquidará por titular y su asignación se determinará en función del total de haberes percibidos.
Quienes cobren un monto igual o inferior al haber mínimo recibirán el bono completo de $70.000. En los casos en que la suma de prestaciones supere ese piso, se otorgará un monto proporcional hasta alcanzar el tope equivalente al haber mínimo más el máximo del refuerzo. El esquema mantiene el criterio aplicado en meses anteriores, con foco en los ingresos más bajos, aunque sin excluir a quienes superen el mínimo por acumulación de beneficios.
El decreto establece que la suma tendrá carácter no remunerativo, por lo que no estará sujeta a descuentos ni será considerada para el cálculo de otros conceptos previsionales o asistenciales. Desde julio de 2024, los haberes se actualizan mensualmente en función del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el INDEC, tras la suspensión de la fórmula prevista en la Ley 27.609.
Según la fundamentación oficial, el mecanismo anterior no reflejaba la evolución de los precios, lo que generó un deterioro más marcado en los ingresos de quienes perciben las jubilaciones más bajas y derivó en la implementación sostenida de bonos hasta febrero de 2026.
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