Por medio de un comunicado formal de 20 puntos, el Gobierno se dirigió formalmente a los miembros de la Corte Suprema, que avalaron la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, permitiendo que continúen las clases presenciales.
El documento fue firmado por el vocero presidencial Juan Pablo Biondi, algo poco habitual, y hace un repaso de por qué Alberto Fernández optó por dar marcha atrás con la presencialidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Una vez más, el Gobierno se apoyó en las cifras totales que ha dejado la pandemia hasta el momento. Ya se superaron los 3 millones de casos y los 65 mil fallecimientos.
Y sostuvieron que “en todo el mundo, frente a la pandemia, las autoridades han debido adoptar en forma urgente y excepcional, medidas de cuidado que implican restricciones, incluyendo cuarentenas, limitaciones a la circulación y suspensión de clases presenciales”.
En el punto 5, directamente apuntaron contra la decisión de los magistrados Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti.
“Con inusitado rigor formal, como si no estuviese en riesgo la salud pública y los derechos subjetivos que de ella derivan, como la vida, la Corte Suprema ha sostenido que, al suspender por quince días las clases presenciales en el conglomerado urbano del AMBA, el Gobierno Nacional se habría basado en ‘consideraciones meramente conjeturales’ con insuficiente fundamentación”.
Y siguieron: “es un deber y un objetivo central de este Gobierno garantizar el derecho constitucional a la educación; y sabemos, sin ninguna duda, que este derecho se ejerce con mayor plenitud cuando se desarrolla en la modalidad presencial con docentes, niños, niñas y adolescentes en las aulas”.
También remarcaron que cuando se dictó el polémico DNU, “el AMBA exhibía un crecimiento exponencial de contagios mayor al que presentaba el resto del país y el sistema de salud se hallaba fuertemente tensionado, con peligro de saturación” y que en ese caso, “omitir la adopción de medidas oportunas, similares a las que se adoptaron en otros lugares del mundo que registraban un crecimiento de casos mucho menor que el que exhibía el AMBA, hubiese significado aceptar un riesgo de consecuencias irreversibles para la salud pública y para la vida de las personas”.
Sobre el cierre, destacaron que “el Gobierno Nacional fue elegido en elecciones democráticas, en el marco del Estado de Derecho, para adoptar las medidas que considera pertinentes para proteger la salud pública y la vida de las personas, así como la oportunidad, mérito y conveniencia de las mismas, en el marco de una pandemia producida por un virus que no reconoce límites políticos y que el año pasado, desde el AMBA, se extendió a todo el país”.
