El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, presentó una denuncia ante la Justicia por presuntas irregularidades en la Asignación por Embarazo (AUE), un plan social clave destinado a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad.
La denuncia, fundamentada en una investigación preliminar realizada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), reveló graves anomalías en al menos 283 casos en distintos puntos del país, con un impacto estimado de $166 millones para el Estado.
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La investigación detectó múltiples instancias de documentación falsa en los trámites de acceso a la Asignación por Embarazo. Según el comunicado del Ministerio, se hallaron casos donde se presentaron certificados médicos apócrifos y documentos falsos en las oficinas de ANSES para recibir indebidamente la ayuda estatal.
“Las anomalías identificadas exponen una práctica sistemática de presentación de documentación falsa y certificados médicos apócrifos en diversas oficinas de atención de ANSES, con el fin de percibir fraudulentamente la asignación“, señala el informe oficial del ministerio.
Los casos investigados abarcan distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y zonas del país como Río Gallegos, en Santa Cruz, y varios distritos de la provincia de Buenos Aires, donde los inspectores detectaron inconsistencias en los formularios que se utilizan para acceder a esta ayuda social.
Entre las irregularidades más llamativas se encuentran formularios con certificados médicos falsos que declaraban embarazos inexistentes o interrupciones de embarazo simuladas. Según el Ministerio de Capital Humano, varios de los certificados presentados incluían datos de nacimientos que nunca ocurrieron.
Otro patrón de fraude detectado fue la simulación de interrupciones de embarazo. En estos casos, las beneficiarias presentaron certificados médicos apócrifos que documentaban falsamente una interrupción del embarazo, lo que les permitió continuar recibiendo el beneficio hasta el supuesto evento.
En un caso particularmente grave, se identificaron certificados médicos falsos con fechas de parto futuras, donde las beneficiarias ya estaban cobrando los pagos prenatales pese a que los embarazos no eran reales.
