Este miércoles, el presidente Javier Milei intervino el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena a través de una resolución en el Boletín Oficial. Acusó de “beneficiar discrecionalmente a determinadas personas u organizaciones” y de impulsar tomas de tierras.
La medida, publicada a través del Decreto 285/2024, lleva la firma del mandatario libertario y del ministro de Economía, Luis Caputo. El organismo estará intervenido por un plazo de 90 días y quedará bajo las órdenes de la abogada del PRO Inés Liendo.
De esta manera el Gobierno suspendió todas las acciones “en relación con los programas y acciones desarrolladas por el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, es el propio personal del Instituto quien busca y detecta al potencial beneficiario, lo asesora, lo guía e impulsa la tramitación”.
“Dicho accionar da lugar a beneficiar discrecionalmente a determinadas personas u organizaciones vinculadas a los agentes que intervendrían en los procesos de asignación”, agregó.
Qué dice el Boletín Oficial
El Ministerio de Economía, en tanto, requerirá de un informe de estado de situación del citado organismo y realizará todas las acciones necesarias destinadas al ordenamiento del régimen del Personal del referido Instituto Nacional en cuanto a su condición de revista.
“Evaluar e informar al Ministerio de Economía la existencia y cumplimiento de aquellas observaciones y recomendaciones que se hubieren efectuado en el marco de las auditorías realizadas y sobre las acciones de regularización y/o correctivas que se hubieren tomado”, explica el artículo J del artículo 3.
En el caso de detectarse anomalías o irregularidades, “la Interventora informará al Ministerio el detalle del impacto económico y el menoscabo que ocasiona o ha ocasionado sobre la gestión, acompañando la información o documentación respectiva y asesorando sobre las acciones y medidas que corresponda adoptar, como así también sobre la oportunidad o necesidad de la continuidad del mentado Instituto Nacional como organismo descentralizado”.