Durante su rueda de prensa habitual, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, reveló una serie de medidas destinadas a regularizar el funcionamiento de las cooperativas en Argentina. En sus palabras, anunció la suspensión de todas las cooperativas establecidas entre los años 2020 y 2022, aproximadamente 11.000 en total, con el objetivo de eliminar lo que calificó como “otra caja negra de la política”.
Asimismo, Adorni avanzó en la declaración de que el Ministerio de Capital Humano llevará a cabo una exhaustiva depuración y control del registro nacional de cooperativas, el cual, según sus palabras, presenta numerosas irregularidades. Se prevé la inspección de unas 4.500 operativas creadas en el año 2023.
El portavoz de Javier Mieli detalló que esta “depuración” del registro se enfocará en las cooperativas establecidas desde el año 2019. Durante la conferencia, Adorni compartió preocupantes estadísticas: “El registro de cooperativas ha experimentado un aumento del 138% en los últimos cuatro años. El 70% de ellas no ha presentado balances ni asambleas, el 22% cuenta con asociados repetidos, el 20% ha registrado el mismo correo electrónico y el 9% comparte la misma dirección“.
Además, el portavoz expresó su sorpresa ante la financiación de instituciones que carecían de la debida legalidad. Hizo referencia a las 300 cooperativas vinculadas al programa Potenciar Trabajo, las cuales recibieron una asignación de 34 millones de dólares y que, según él, ya no tienen justificación para su existencia.
