La secretaria de Energía, Flavia Royón, dijo horas atrás que la quita gradual de subsidios a la energía eléctrica y al gas permite que las tarifas tengan precios “razonables”.
“Al margen de la coyuntura internacional y de esta situación que hizo que todos los precios de la energía suban, teníamos que caminar hacia un sistema de subsidios mucho más justo, donde si hay un subsidio sea al que realmente lo necesita”, remarcó la funcionaria nacional.
Royón volvió a hacer hincapié en que en “esta primera etapa”, no habrá actualización ni tope de consumo subsidiado de energía eléctrica para los usuarios que están dentro de la tarifa social. Este selecto grupo de usuarios conservará los beneficios pese a no inscribirse en el formulario a tal fin, mientras que, por el contrario, recordó que “una persona de ingresos medios o altos que no haya solicitado (el subsidio) los va a perder”.
La funcionaria destacó que “no hay un aumento de tarifas como se ve en otros lugares del mundo, donde los salarios promedio directamente se destinan al pago de la energía”, un caso que “no es el de la Argentina”, en la que “estos aumentos van debajo del Coeficiente de Variación Salarial, son aumentos razonables y hoy se necesitan para llevar orden fiscal”.
“Lo que uno destinará de sus salarios al pago de servicios de energía es menor que en 2019, cuando se destinaba a ese fin el 5,4% de los ingresos”, agregó.
En declaraciones a la prensa, Royón dejó en claro que el subsidio a los servicios públicos “era indiscriminado a todas las familias. En mi opinión debíamos repensar el esquema a tarifas más justas y los aumentos en promedio dependen de lo que uno consuma, va entre $200 y $550. Son razonables“.
La funcionaria adelantó que la semana próxima se darán a conocer los topes de consumo subsidiados del gas, al igual de lo que ya se hizo con la electricidad.
También insistió con que las quitas de subsidios se implementarán al consumo realizado desde el 1 de septiembre, y se reflejarán en las facturas mensuales de octubre o bimestrales de noviembre, según corresponda.
Por otra parte, indicó que junto a la cuestión tarifaria, está trabajando en una “agenda de eficiencia energética, con campañas de información y educación”.
“No hay nada definido pero estamos trabajando en tener líneas de crédito para cambiar artefactos como heladeras y también hay que hablar de la eficiencia energética de las viviendas, algo que que no está desarrollado en la Argentina”, resaltó.
En cuanto al impacto del ajuste tarifario en los consorcios, señaló que el peso de la energía sobre las expensas, en general, es del 5% o menos, y garantizó que ese porcentaje “no se va a disparar”.
Explicó que “no hay un registro oficial” y así como algunos están como usuarios residenciales, otros están encuadrados como generales, al igual que muchas oficinas.
“En cualquiera de los casos, los aumentos son razonables”, reiteró, y subrayó que “se les retira el 20% del subsidio en el primer tramo”. En tal sentido, indicó que “a un comercio chico se le va a aumentar un promedio de $1.500, con una superficie más grande podría estar en el orden de los $ 8.000 sobre una factura estimada de$ 33.000, son aumentos relativamente menores”.
Por último, Royón marcó diferencias entre el ajuste tarifario que se aplicó durante el Gobierno macrista y el que se está concretando en la gestión de Alberto Fernández. “En aquel momento no se hizo un trabajo como se está haciendo ahora de clasificar los ingresos de las familias y de hablar de ahorro energético y de topes de consumo”, señaló, y añadió que la medida “forma parte de un plan de orden fiscal” a través del cual se estima un ahorro de $47.500 millones para este año y $455.000 millones para 2023.
