Para luchar contra la pobreza y el trabajo en negro, el Gobierno busca formalizar a 8 millones de personas mediante un “monotributo productivo” que ya se envió al Congreso, pero que será complementado por otra normativa que apunta a multiplicar el crédito bancario y no bancario para la economía popular.
El Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular marca que en esas condiciones hay actualmente unas 3 millones de personas. Sin embargo, expandiendo la actividad podrían llegar a ser 8 millones.
A toda estas personas buscan formalizarlas a través de un monotributo productivo. A diferencia de la herramienta ya existente, el monotributo social, que permite facturar hasta la categoría “A”, este permitiría registrar una mayor cantidad de ingresos, hasta la categoría “C”.
El Estado se haría cargo por un determinado período de tiempo del componente de salud. Esos fondos no se volcarán a las obras sociales, se utilizarían para fortalecer el sistema público de salud y se le daría a los beneficiarios acceso a los programas oficiales como el Remediar.
Además, quienes estuvieran comprendidos dentro de la nueva herramienta también tendrían cubierto por dos años del componente jubilatorio.
Al mismo tiempo, se está terminando de pulir la letra final de un proyecto de “Desarrollo de la Economía Popular”, donde el foco será fortalecer el acceso al crédito. Se apunta a que el 10% de los depósitos bancarios se utilicen para financiar unidades de este tipo, aunque el eje central es la creación de un sistema de créditos no bancarios.
