El Gobierno realizará el próximo martes la revisión del Salario Mínimo, con el objetivo de estirar lo antes posible el aumento acordado hace algunos meses, de 35 % , a un valor de entre 46 y 48 %, incluso por encima del promedio de las paritarias del segundo semestre del año.
Por medio de esta determinación, el Ejecutivo no sólo busca convalidar el compromiso de la administración de Alberto Fernández, de que durante este año los ingresos deban ganarle a la inflación, sino, sobre todo, darle a la población una señal superadora de aquella premisa con una suba que al cabo de 2021 refleje eventualmente una distancia considerable con la suba en el costo de vida. Estará en línea, además, con el anuncio de la suba a 175 mil pesos del mínimo no imponible para el pago de Ganancias.
El ajuste en el piso salarial, que incluirá una nueva revisión en febrero y vigencia hasta marzo de 2022, causará un efecto marginal sobre trabajadores formales (se calcula que entre 100 mil y 300 mil son los que no están regidos por convenios colectivos), pero el mayor impacto ocurrirá en el valor de los planes sociales: cada “salario social complementario” equivale al a mitad del mínimo, vital y móvil, que actualmente es de $ 29.160 , y se modifica según sus cambios periódicos. El debate quedará a cargo del Consejo del Salario que se reunirá de este modo por segunda vez en el año, luego del acuerdo tripartito de fines de abril pasado.
Los programas impactados de lleno por la alteración del salario mínimo son el Potenciar Trabajo, el Acompañar y las becas Progresar. Pero también incide sobre el valor que el Gobierno les asigna a los subsidios Repro, con los que complementa el pago de sueldos en las empresas todavía con dificultades derivadas de la pandemia, con lo que la incidencia del piso salarial se extiende a millones de personas.
Esa condición hace que el Estado sea casi el único pagador efectivo del salario mínimo. En base a esa premisa el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, confía en lograr el martes que viene un acuerdo con los protagonistas del Consejo del Empleo, la Productividad y Salario Mínimo, Vital y Móvil, que reúne a empresarios y sindicalistas. Desde este viernes el funcionario –uno de los apuntados por el kirchnerismo como quienes deberían dejar su cargo– iniciará reuniones con las cámaras patronales, en particular con el nuevo presidente de la Unión Industrial, Daniel Funes de Rioja, señalado como rival político del Gobierno.
El martes próximo discutirán por los gremios la CGT, de Héctor Daer y Carlos Acuña, la CTA de los Trabajadores (Hugo Yasky) y, por primera vez de manera plena y por derecho propio, a instancias de una decisión de la cartera laboral, también lo hará la CTA Autónoma, que lidera Ricardo Peidró. Por el empresariado estarán la UIA y las cámaras de Comercio y Construcción, las entidades de ruralistas, la Bolsa de Comercio, los bancos y el sector pyme entre otros rubros. De no haber acuerdo, en la cartera laboral confirmaron que terminarán por laudar en el rango del 46 al 48 %, informó Ámbito.
En abril hubo consenso casi unánime para subir 35% el sueldo mínimo en siete tramos que debían completarse en febrero próximo. Sin embargo, la escalada inflacionaria de mitad de año y el inicio de una nueva ronda de paritarias que cerraba aumentos diez puntos porcentuales por encima de ese valor motivaron que el propio Moroni resolviera, tras consultas con la CGT y la UIA, adelantar los tramos a septiembre para completar allí la suba total y llegar al piso de 29.160 pesos, como también fijar para el 30 de este mes la revisión. El resultado electoral adverso para el Ejecutivo, obligó incluso a anticipar esa renegociación para el martes que viene.
