El Frente de Todos envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para garantizar el derecho al uso del lenguaje inclusivo en documentos oficiales y también en establecimientos educativos, ya sea de forma oral o escrita.
El texto fue presentado por la diputada peronista Mónica Macha, que se mostró a favor del uso del lenguaje inclusivo en las exposiciones, discursos, alocuciones, resoluciones, decretos, leyes, fallos, presentaciones judiciales y toda otra forma de expresión que se utilice oficialmente en el Estado nacional, según detalló en el artículo dos.
Además, pretenden implementarlo en los establecimientos del Sistema Educativo Nacional, en todos sus niveles y modalidades, sean de gestión pública o privada.
La iniciativa no implica una obligatoriedad sino que está dirigida a toda persona que desee usar el lenguaje inclusivo. Además, evita cualquier tipo de sanciones o castigos por hablar o redactar de esa forma y tiene alcance nacional al abarcar todos los ámbitos educativos y los tres poderes del Estado. Por ello, invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las Universidades nacionales y al Consejo Federal de Educación a adherir.
El objetivo es, según reza la letra del proyecto, garantizar la utilización de un conjunto de variantes lingüísticas no binarias que, refiriéndose a una o más personas humanas, son distintas de las formas masculinas y/o femeninas.
“Las grandes transformaciones políticas producen nuevos lenguajes, nuevos materiales y elementos con los cuales dar cuenta de las nuevas formas de vida. En este punto el lenguaje inclusivo puso de manifiesto la condición política del lenguaje, muchas veces oculta bajo miradas tecnocráticas. Por eso, por esas nuevas formas de habitar el mundo, vamos en busca de una política transfeminista del lenguaje”, argumentó la diputada y precandidata a renovar su banca en estas elecciones.
En dialogo con El Destape, Macha explicó que “han preocupado situaciones punitivas que se dieron en torno al uso del inclusivo. Espacios educativos que lo prohíben o lo sancionan o que ponen como requisito no utilizarlo. Eso es una forma de violencia simbólica y son también prácticas normativizantes. No podemos adoptar un punto de vista restrictivo o prohibitivo respecto del lenguaje, sino por el contrario hacerle lugar y garantizar el derecho a hablar y escribir con la variante de género que nos represente”.
El proyecto es acompañado por las diputadas nacionales Gabriela Estevez, Jimena Lopez, Patricia Mounier, Ayelén Spósito, Alicia Aparicio, Verónica Caliva, Carolina Yutrovic, Mara Brawer y Estela Hernández. Surgió del trabajo con un amplio equipo de investigadoras, profesoras, especialistas en género y activistas.
De la redacción participaron Mara Glozman (Investigadora del CONICET con sede en el Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires, Profesora Titular de la Universidad Nacional de Hurlingham), Guadalupe Maradei (Profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Teoría y crítica literaria con perspectiva de género) y SaSa Testa (Magíster en Estudios y Políticas de Género, becarix de CLACSO por el Diploma Superior en Formación Política, doctorandx en Ciencias Sociales y activista trans no binarie).
