El apuntado en la causa fue Gerardo González Valencia, sindicado como parte del brazo financiero de la organización.
“El caso comenzó con una información de la seguridad de Puerto Madero y en un incidente de tránsito tres mexicanos discutieron con uno de prefectura. El de prefectura vio cosas bastante irregulares y sospechosas. Tomó la patente del auto”, relató Basso en el programa Opinión de LVDiez..
A partir de esa intervención se detectó que el vehículo estaba a nombre de una empresa recién creada, con domicilio en Chushengo y presidida por una persona de escasos recursos. “Eso pareció bastante sospechoso. Se nos dio intervención a nosotros y empezamos a investigar”, señaló.
Según el fiscal, la pesquisa incluyó intervenciones telefónicas y seguimientos que permitieron detectar el ingreso de más de tres millones de dólares desde México. Con esos fondos montaron una cadena de maxiquioscos denominada “Corner Mi Lugar”, con un primer local en Puerto Madero y planes de expansión.
“Las escuchas daban bastantes indicios de que estaban vinculados a gente violenta porque se hablaba de muertes y de transferencias de dinero, pero esta investigación estaba muy verde”, explicó.
El giro se produjo en 2016, cuando tomó visibilidad internacional el CJNG. “Ahí empezamos a saltar cabos y nos pusimos en contacto con fiscales de Uruguay, México y Estados Unidos y se pudo determinar que lo que estábamos investigando era una avanzada de lo que se denominaba el cartel de los Queenies”, afirmó.
Basso precisó que González Valencia se había radicado en Argentina con su familia y allegados, aunque luego se trasladaron a Uruguay. “En Uruguay cuando declararon dijeron que era por temas de inflación y seguridad. Es decir que la propia realidad argentina los echó porque no les servía para lavar dinero”, sostuvo.
El líder de la estructura quedó detenido en Estados Unidos, donde fue condenado a prisión perpetua. En Argentina fueron procesados dos colaboradores: un taxista que ofició de prestanombres y aportó datos clave sobre los movimientos de la organización, y un especialista en mercadeo de apellido Calvete, vinculado al armado comercial de los negocios. Este último fue condenado el año pasado por lavado de dinero, mientras que el taxista falleció antes del juicio.
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