La discusión sobre la legalización de la eutanasia en Argentina ha recobrado fuerza en la agenda nacional tras la difusión del caso de Noelia Castillo Ramos, una joven española a la que le fue concedido el derecho de tener una muerte asistida, tras recibir tres fármacos por vía intravenosa.
En este contexto, cobran relevancia los proyectos que buscan establecer un marco regulatorio más específico que el actual, permitiendo la eutanasia activa y el suicidio asistido. Entre las propuestas con estado parlamentario destaca la denominada “Ley de Buena Muerte”, una iniciativa impulsada por los referentes mendocinos Alfredo Cornejo y Jimena Latorre durante su paso por el Congreso entre 2019 y 2023, junto a Alejandro Cacace, que apunta a garantizar el derecho de los pacientes a decidir sobre el final de su vida ante padecimientos irreversibles.
La normativa vigente, sancionada en 2012, solo permite la llamada “eutanasia pasiva”, es decir, el rechazo a tratamientos que prolonguen artificialmente la vida, sin embargo, el proyecto de Cornejo y Latorre busca dar un paso más allá para cubrir situaciones de dolores insoportables o enfermedades degenerativas.
Según la plataforma de su propuesta, se pretende que la voluntad del paciente sea respetada bajo un protocolo médico seguro, evitando la clandestinidad o el sufrimiento prolongado. Esta postura coincide con la necesidad de una regulación que, en palabras de otros legisladores, permita a toda persona recibir asistencia para poner fin a su vida de manera “digna, voluntaria e informada”.
La propuesta de los legisladores de la Unión Cívica Radical se suma a otras iniciativas, como la “Ley Alfonso”, conformando un abanico de opciones que los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados deberán evaluar y subraya la importancia de despenalizar la actuación de los profesionales de la salud que intervengan en estos procesos.
Un punto central en el debate es el respeto a la autonomía de la voluntad, permitiendo que el solicitante pueda revocar su decisión en cualquier momento del proceso sin necesidad de justificar sus motivos. La intención es crear un sistema humano y transparente que ponga en el centro al paciente y a su entorno familiar.
Finalmente, el avance de estas iniciativas en el Congreso dependerá de la voluntad política para tratar un tema que, aunque sensible, es considerado impostergable por sus defensores. La exsenadora Silvina García Larraburu, quien también posee un proyecto en sintonía, enfatizó que Argentina “no puede permanecer al margen” de una tendencia que ya es realidad en varios países del mundo.
