Lo que ocurrió este martes respecto del caso Lobos es todo un hito en lo que a lucha contra la corrupción refiere.
Es toda una novedad que abre el camino para que otros jueces se “contagien” y avancen en la misma senda. No solo en torno a casos que ya han quedado en el pasado, sino también de cara al futuro, para que nadie más se anime a tocar un solo centavo de dinero que no le corresponde.
En concreto: por primera vez se ha aplicado la ley de extinción de dominio en un caso de alta resonancia política. En este caso, en torno al caso del exintendente de Guaymallén, Luis Lobos, quien enfrenta varios procesos por hechos de corrupción en la Justicia.
Nada hacía prever que el caso que hoy impactó a la ciudadanía mendocina llegaría tan lejos. En un proceso que iniciaron en solitario un grupo de abogados comandados por Carlos Varela Álvarez.
Es un peldaño que se agrega a la sinuosa escalera del republicanismo vernáculo. Un eslabón más que se suma a la cadena de los pocos aciertos judiciales de las últimas décadas.
“Es inédito, porque es el primer fallo por extinción de dominio producto de la corrupción de la república Argentina”, me dijo hace un rato Marcelo D’Agostino, subsecretario de Justicia de Mendoza.
Y me explicó: “Creo que es una señal a la sociedad que ve que una persona que ha sido condenada por delitos de corrupción al menos le quitan los bienes”.
No es para descorchar champagne, pero sí para celebrar, mínimamente. Porque esto ocurre en momentos en los cuales el gobierno insiste con avanzar contra el Poder Judicial y la Corte Suprema.
Es un mensaje ante tanta irracionalidad. Una señal de “Stop”. Un antes y un después.
Porque, pase lo que pase, a partir de ahora ya nada será igual.
Inédito: la Justicia le quitó todos sus inmuebles al ex intendente Luis Lobos por corrupto
