Uno de los tópicos que ha coronado el año 2020 es la proclama de exfuncionarios K de que existen en la Argentina “presos políticos”. Una suerte de eslogan que ha quedado vacío de tanto ser repetido.
Porque es absurdo realmente. Creer que todas las fuerzas del universo se han confabulado para poner en prisión a personajes que casi no tienen relevancia, es hasta hilarante.
¿Cómo es que todos, jueces, fiscales y referentes políticos, han coordinado algo así y no hay un solo encuentro, o conversación, o chat, o lo que sea entre ellos? ¿O es que acaso se comunican por telepatía?
La verdad es que no hay presos políticos en Argentina, lo que hay son presos por corrupción.
El caso Amado Boudou es uno de los que voy a utilizar en esta columna para ilustrar mi concepto. Básicamente, porque la primera condena —y posterior prisión— que se le endilgó fue a raíz de una denuncia por enriquecimiento ilícito que le hice en el año 2012.
No se trató de ninguna genialidad, ni mucho menos. Nada de grandes investigaciones. Solo me puse a cotejar qué ingresos declaraba el entonces vicepresidente y los contrasté con sus gastos. Y descubrí que no le cerraban los números. O sea, no le cerraba ni siquiera “el blanco”.
Luego me puse a cruzar los nombres de sus “amigos” en diversas sociedades, en algunas de las cuales aparecía él mismo. Y la revelación se hizo carne.
No solo hice la pertinente nota periodística, sino que además hice una presentación judicial, que cayó en manos de un juez “amigo” del kirchnerismo, Ariel Lijo.
La contundencia de la presentación, lo obligó a imputar a Boudou. Lo hizo de manera inmediata. Ipso facto.
Ello provocó que yo fuera víctima de “escraches” en programas como 678 y otros. También en diario Página/12. Nada que pueda extrañar a nadie.
Lijo demoró lo más que pudo la sustanciación de las pruebas, pero la evidencia se fue imponiendo de todas formas, sin prisa pero sin pausa.
Hasta que los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación —a quienes nadie puede achacar parcialidad alguna— refrendaron todos y cada uno de los datos aportados. Y confirmaron que Boudou se había enriquecido ilícitamente.
Ello derivó en que, en noviembre del año 2017 —¡Cinco años más tarde!— Boudou fuera detenido.
Insisto, las pruebas fueron sustanciadas a través de las propias declaraciones del entonces vicepresidente. Nada de testigos reservados ni mucho menos.
Ergo, la pretensión de que es un “preso político”, es absurda. A lo sumo se podrá decir que es un preso por imbecilidad. Porque él mismo se mandó “en cana” al exponer un lujoso modo de vida que no se condecía con sus ingresos.
Lo mismo ocurre con otros casos similares, como el de Milagro Sala o el de Julio De Vido. Ninguna persecución. Han robado y los han castigado. El que las hace las paga.
La prueba es abundante, en esos y otros expedientes. Quien lo dude, solo debe cotejarlo por su cuenta. Y dejar de creer en teorías conspirativas y absurdas, que no se sostienen siquiera por el mínimo sentido común.
