El Gobierno de Mendoza cedió a los propietarios de El Azufre S.A. más de 12.000 hectáreas para el desarrollo del centro de esquí en la cordillera de Malargüe, el cuál se presenta como el primero autosustentable en el mundo.
Las tierras entregadas a El Azufre S.A., exactamente 12.351 hectáreas, se encuentran en la zona de Campo Potreros de Cordillera. Previamente, los empresarios habían firmado la concesión de derechos con los pobladores radicados sobre esos terrenos.
“Asígnese a favor de la firma EL AZUFRE S.A., C.U.I.T. 30-71609616-1. los Sectores 1 y 8 del ‘Campo Potreros de Cordillera – Norte’, Nomenclatura Catastral 19-01-88-5100-935642-0000-2, Padrón Rentas 19/11857-9, con una superficie de 5.639 ha 6.452,34 m2, y del Sector 3 del ‘Campo Potreros de Cordillera – Norte’, Nomenclatura Catastral19-01-88-5100-949685-0000-7, Padrón Rentas 19/11858-7, con una superficie de 6.712 ha 0.199,92 m2, ubicados en el Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza“, dice el decreto.
Alejandro Spinello es un empresario argentino, cofundador del centro de ski “El Azufre” y en diálogo con MDZ RADIO, aclaró lo siguiente: “Fue un camino largo y costoso, de mucha inversión. Esos campos estaban ocupados por chilenos y en 1969 Onganía los expropió, dándole a Mendoza la facultad de decidir qué hacer con ese campo. El Estado intentó fomentar la ocupación de ciudadanos argentinos”.
Además, se hizo un régimen especial de tierras en donde debe ser ocupado con fines turísticos, ganaderos o productivos.
“Nosotros hicimos uso de nuestros derechos, sin ningún atajo. Yo, como mendocino, también me enojaría si le regalan 10 mil hectáreas a alguien. Pero, en este proyecto, se ha hecho todo como corresponde”, expresó Sipenllo en declaraciones radiales.
Y aclaró: “Tenemos 12 mil hectáreas porque identificamos a los ocupantes originales, puesteros que llevan sus animales en verano. El Azufre era totalmente inaccesible y a esos puestos les compramos los derechos de ocupación. Ellos estuvieron de acuerdo porque hacemos el uso en el invierno y en el convenio que fijamos les permitimos seguir con su negocio normal durante el verano”.
“En El Azufre se viene invirtiendo y se debe seguir invirtiendo. Es un proceso largo y ambicioso. Nosotros hemos puesto de nuestro bolsillo más de 5 millones de dólares en estudios e infraestructura, porque para que se haga esta cesión se debe acreditar una gran inversión. Eso hicimos y nos lo cedieron en abril de este año”, siguió contando el empresario.
La postura de la oposición
“Estamos hablando de una porción muy grande de Malargüe” 👉 Hoy en el programa de @pampa59 por @LVDiez hablamos de lo que está haciendo el Gobernador con la Cordillera e irregularidades 👇 #ConLaCordilleraNo #Difundilo pic.twitter.com/lT2UdV7aZ7
— Lucas ilardo (@lucasilardo) February 7, 2022
“Estamos frente a un hecho que puede tener una gravedad y que puede terminar en ribetes inimaginables porque este hecho se ha perpetrado a través de la acción administrativa firmada por el propio gobernador”, lanzó este lunes el senador Lucas Ilardo (Frente de Todos), quien realizó un pedido de informe en la Legislatura para que el Ejecutivo de explicaciones.
También el abogado Ricardo Pont anticipó en LVdiez que solicitará que Fiscalía de Estado “investigue esta situación que para nosotros es absolutamente irregular”.
Más allá de esas acusaciones, la Fiscalía de Estado ya resolvió a favor de la cesión. Lo hizo el 22 de diciembre de 2021, a través de un dictamen de siete carillas que lleva la firma de Simón.
El emprendimiento
Se ubica en zona de frontera, en terrenos que pertenecen a Nación, pero cuya posesión le fue transferida al Estado provincial en 1969. La asignación fue realizada por decreto y la norma detalla, en sus considerandos, que los terrenos solicitados por la empresa El Azufre S.A. se encuentran en “Potreros de Cordillera”. En un convenio que la provincia suscribió con la Superintendencia Nacional de Fronteras, en 1991, por esa área, se establecía que Mendoza debía elaborar un plan para favorecer la radicación de pobladores y el aprovechamiento de los recursos existentes.
El gobierno provincial plantea en el texto del decreto que “no resulta necesario ni posible realizar una licitación pública”, ya que la facultad de asignar terrenos se “vincula con situaciones preexistentes, como la presencia de Gendarmería o de ocupantes que ya invirtieron en la zona, y que no son pasibles de un concurso de proyectos u ofertas”. Los empresarios instalaron el primer campamento en el lugar en 2018.
