El juez federal Ricardo Basílico revocó este miércoles la prisión domiciliaria que cumple desde hace un año el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudoy y dispuso que retorne a la cárcel a continuar con la condena de cinco años y 10 meses por el reconocido caso Ciccone.
El magistrado determinó en su resolución a la que accedió Infobae que el retorno del ex funcionario a prisión será “una vez que se encuentre firme esta resolución”, por lo que habrá que aguardar la postura que disponga la Cámara Federal de Casación Penal, instancia a la que la defensa de Boudou buscará apelar el fallo para su revisión.
Tiene un plazo de 10 días hábiles para hacerlo. Mientras tanto, el ex vicepresidente seguirá en prisión domiciliaria en su casa de la localidad bonaerense de Avellaneda.
Basílico, juez de ejecución de la condena de Boudou, rechazó los dos argumentos que la defensa del ex funcionario planteó en una audiencia que se llevó a cabo la semana pasada en la que solicitó que continúe en prisión domiciliaria: el interés superior de los dos hijos mellizos de ex vicepresidente de contar con su padre en su desarrollo y una resolución de Casación que argumentó que debido a la pandemia del coronavirus debían analizarse medidas alternativas a la cárcel de quienes están próximos a obtener el beneficio de las salidas de la prisión.
Según el magistrado, la situación actual de la familia de Boudou “no revela la existencia de un escenario de desamparo” para los hijos. “Debe ponderarse que los niños están al cuidado de su madre, gozan de buena salud, poseen una vivienda con el suficiente espacio para poder desarrollarse y crecer en un ámbito seguro y acorde a su nivel sociocultural”, subrayó.
El juez detalló que los chicos viven en una casa de cuatro plantas, jardín, pileta, quincho, cinco dormitorios y ascensor propio, tienen cobertura médica privada, que su padre comenzó a cobrar su pensión de vicepresidente y que si bien ni el propio Boudou ni su pareja, Mónica García de la Fuente, tienen familiares que puedan ayudarlos, “lo cierto es que poseen los medios económicos suficientes para contratar personal capacitado para colaborar con el cuidado y educación de los menores”, y puso como ejemplo que los padres contrataron a una docente para que vaya a la casa cuando el jardín al que asisten fue cerrado por refacciones.
“Con lo expuesto, para nada se pretende negar la existencia de un menoscabo afectivo de los niños al no poder convivir con su padre o visitarlo en la unidad penitenciaria donde se lo alojaría en virtud de la pandemia del COVID-19 que todo el país viene sufriendo, más esta circunstancia no pude ser subsanada por este Tribunal por medio de la aplicación incorrecta de los arts. 10 del C.P. y 32 de la ley 24.660″, justificó los motivos que establece la ley para otorgar la prisión domiciliaria.
El interés superior del niño fue uno de los argumentos que dio el juez Daniel Obligado cuando en abril de 2020 le otorgó prisión domiciliaria a Boudou, quien permanecía detenido en la cárcel de Ezeiza. Sostuvo que por la pandemia del coronavirus la madre estaba sola y no tenían quien la ayude, ya que su familia no podía viajar desde México, de donde es oriunda ella. El magistrado fue criticado porque el argumento aplica a muchos presos que no son beneficiados con la prisión domiciliaria por ese motivo.
Obligado también dijo que la condena a Boudou no estaba firme porque faltaba la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En diciembre pasado, el máximo tribunal confirmó la condena. Allí el magistrado en cuestión revocó el arresto domiciliario porque la condena ya estaba firme y además la situación de pandemia había cambiado ya que se habían levantado las restricciones
