Por medio de un Jury de Enjuiciamiento destituyeron al juez Antonio Sánchez Rey por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones. El magistrado estaba acusado de presionar a colegas para homologaran una indemnización de 4,5 millones de pesos por un accidente laboral.
Tras obtener una mayoría de 12 votos, el tribunal integrado por siete representantes de la Suprema Corte, siete senadores y siete diputados de Mendoza, determinaron la destitución del juez de la Quinta Cámara Laboral “por desorden de conducta”, aunque por unanimidad se lo absolvió de la acusación de “mal desempeño de sus funciones”.
Sánchez Rey, de 79 años, enfrentaba esas causas, por el trámite del expediente de su propio accidente de trabajo, ingresado en la 5ta Cámara Laboral por sorteo, de la que él era magistrado.
Según la fiscalía, el juez no llevó a cabo ninguna acción para que su causa no sea tratada en su propio lugar de trabajo, y además presionó a otros dos jueces.
El veredicto estaba previsto para hoy, luego de que el debate que se desarrolló de manera semi presencial, concluyera con la presentación de los alegatos de cierre días atrás. Los fundamentos del fallo serán dados a conocer el próximo 10 de diciembre.
“No hizo nada y pudo haber hecho mucho para sacar la causa de la 5ta Cámara de la que él mismo era parte. Vulneró la confianza social que hay depositada en un magistrado. La sociedad nos pide que quienes integramos el sistema de justicia seamos mejores que los ciudadanos comunes y corrientes. Y Sánchez Rey no estuvo a la altura de las circunstancias”, señaló el representante del Ministerio Público Fiscal, Gonzalo Nazar.
A este desenlace se llegó, luego de que el juez alcanzara un acuerdo con la Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) por una millonaria indemnización, tras un accidente laboral sufrido en 2017, cuando un portón automático de la playa de estacionamiento de tribunales le ocasionó daños en un brazo y sus colegas denunciaran presiones para homologar dicho convenio.
Desde la defensa del Sánchez Rey solicitaron un sobreseimiento, argumentando que la causa ha combinado exagerada mediatización y utilización política, y sostuvieron que la destitución es inconstitucional, al tiempo que precisaron que estos hechos ya fueron juzgados en sede penal, donde su defendido fue sobreseído.
