Gustavo Correa, secretario General de la CTA de los Trabajadores Mendoza, denunció penalmente a Mariana Caroglio, directora de Educación de Jóvenes y Adultos de la DGE por incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad e incluso el uso de prácticas discriminatorias.
Los hechos se produjeron durante el traslado preventivo y la baja del personal docente y no docente del CENS 3-503, ubicado en el Penal de Boulogne Sur Mer.
La situación comenzó en el mes de septiembre cuando se le impidió el ingreso a un grupo de docentes a la institución. El argumento que les dieron fue que “se trataba de una investigación administrativa por un almuerzo que se realizó el 28 de julio”. Según la DGE, no se habrían respetado los protocolos sanitarios vigentes en ese momento.
Por esta situación, suspendieron y luego removieron de su cargo a Jorge Galleguillo, un profesor y licenciado quien se desempeñaba como director de ese establecimiento. El mismo cargo que ocupó Caroglio hasta diciembre de 2015.
En la denuncia se señala que la DGE cometió irregularidades porque el expediente se tramitó en el ámbito de la Inspección General de Seguridad y no en la Dirección General de Escuelas. Por este motivo, desde la CTA señalan que se trata de un acto discriminatorio, de carácter persecutorio.
“Mariana Caroglio persigue y hostiga a trabajadores por su ideología política. Esta situación no es nueva. La actual funcionaria de la DGE fue una de los artífices del Ítem Aula”, señaló Gustavo Correa.
“Es una decisión arbitraria. En los docentes existe el principio de derecho a la defensa y en esta situación no se ha cumplido. De todas maneras, no sorprende porque ya venían sucediendo acciones violentas y esta es una muestra más del autoritarismo creciente que tiene Caroglio“, completó Galleguillo.
De acuerdo con la presentación judicial, el accionar de la funcionaria de la DGE viola el artículo 248 del Código Penal y el artículo 3 de la Ley 23592 y tiene penas de hasta tres años de prisión e inhabilitación del cargo público.
“Acá hay actos de discriminación y no se pueden permitir que en democracia se realicen estas acciones por parte de alguien que trabaja en el Estado”, concluyó Correa.
