Denunciaron penalmente a Macho y otros conductores de ATE por delitos de estafa y defraudación

la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Mendoza desvió al menos 6,7 millones de pesos, sin justificación legal, a las cuentas bancarias personales de Roberto Macho, su pareja y miembros de la conducción sindical.

Según la investigación y posterior publicación del diario El Otro, ya está en manos de la Justicia una denuncia penal por la posible comisión de los delitos de estafa y defraudación, contra el secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho, familiares y otros miembros de la conducción del sindicato, apuntada por su cercanía y acuerdos con el gobierno de Mendoza.

Según la documentación analizada por el mencionado diario, ATE transfirió al menos 6,7 millones de pesos a las cuentas personales de Macho, su esposa y secretaria general adjunta, Adriana Iranzo, y cuatro personas del círculo íntimo de la pareja.

Las millonarias transferencias se realizaron entre mayo y noviembre del 2020. Se estima que la Asociación de Trabajadores del Estado, seccional Mendoza desvió al menos 6,7 millones de pesos, sin justificación legal alguna, a las cuentas bancarias personales de Roberto Macho, Adriana María Iranzo, Gabriel Iranzo, Alejandro Iranzo, Graciela Miriam Navarro y Mihail Zagorac Baranovic. 

Las sumas transferidas a miembros de la conducción sindical y familiares fueron constatadas en los movimientos históricos de la caja de ahorro del Banco de la Nación Argentina correspondiente a ATE Mendoza. A la cuenta personal de Roberto Macho, secretario general, se desvió un total de $3.150.000, mientras que a la cuenta personal de Iranzo, pareja y secretaria adjunta llegaron $ 1.470.000.

En tanto, el secretario administrativo, Mihail Zagorac, también recibió en su cuenta personal una cifra millonaria: $ 1.880.000. La cifra total se completa con $156.000 transferidos a la cuenta de Graciela Navarro, secretaria de Finanzas del sindicato, y $95.000 depositados a los hermanos de Iranzo, Alejandro y Gabriel. 

En la mayoría de los casos, los montos transferidos se registraron como “varios”, en concepto de “gastos de representación o gastos gremiales”, sin más precisiones, precisó el diario El Otro.

El Ministerio Público Fiscal ya dio inicio a una investigación penal para determinar por qué, en ese lapso, Roberto Macho y su pareja Adriana Iranzo recibieron más de 4,6 millones de pesos, llegando en algunos meses -como en el caso de agosto- a reunir entre ambos alrededor de un millón y medio de pesos, sin autorización de la organización sindical que justifique semejante transferencia directa de fondos.

Extraído de la nota de diario El Otro

 

Además, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos investiga la incorporación de más de mil afiliados a ATE Mendoza, con la autorización del Gobierno provincial, a través de fichas falsificadas, publicó El Otro.

“Cabe señalar que durante la gestión del mismo (por Roberto Macho) se han producido graves irregularidades en perjuicio de la Asociación Sindical, tal como afiliaciones compulsivas, lo cual hizo que dichos afiliados solicitaran la baja y la devolución de los descuentos efectuados, por ejemplo en el año 2017 (septiembre), se procedió a afiliar compulsivamente a los empleados de Salud y Desarrollo Social que en total fueron 1061 afiliaciones, de los cuales en octubre del mismo año hasta la fecha presentaron las bajas al sindicato ochocientos cincuenta y un empleados, solicitando además el reintegro del dinero descontado alegando que nunca se  afiliaron a ATE, lo cual derivó en un perjuicio concreto al sindicato  ya que el mismo debió reintegrar sumas de dinero, con más costas y someterse a procesos judiciales, con el consiguiente descrédito a la Asociación”, completa la denuncia.

Este tipo de maniobras ilegales ya fueron denunciadas en 2017 por el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea). En la causa 153139/17, contra Roberto Macho y el Consejo Directivo de la Asociación Trabajadores del Estado, consta que durante aquel año ATE procedió a retener aportes de cuota sindical, incurriendo eventualmente en el delito de estafa, defraudación y retención indebida. “Los agentes (del ámbito de la Salud) a los cuales se les practica retención indebida y que nunca fueron afiliadas, ascienden según nuestra investigación a un total de más de 800 agentes, lo que demuestra la irregularidad y el grave delito del cual estamos hablando”, señala el escrito que fuentes judiciales pusieron a disposición del diario local.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por El Otro, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos solicitará medidas urgentes para avanzar en las imputaciones de Macho e Iranzo. “¿Es posible que haya detenciones?”,  consultó este diario. “Nada se descarta”, fue la respuesta del importante funcionario del Ministerio Público Fiscal que conoce de cerca la causa, aunque prefirió preservar el secreto de las actuaciones.

 

 

 

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