La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció penalmente por “violación de secretos” a las autoridades del gobierno porteño. Según declaran, es por la presunta utilización de datos biométricos sin una “justificación racional”.
La investigación fue realizada por el fiscal Sergio Rodríguez, quien resolvió efectuar la denuncia penal. Los hechos se encuadran en el de “acción pública previsto en el artículo 157” del Código Penal. El Juzgado Federal y Correcional N° 3 el se encargará del caso.
Ese artículo prevé penas de un mes a dos años de cárcel e inhabilitación al funcionario público que “revelare hechos, actuaciones, documentos o datos que por ley deben ser secretos”.
Según el fiscal, tomó conocimiento a partir de notas periodísticas de posibles irregularidades en el “uso de datos biométricos por parte del Gobierno de la Ciudad”. Los mismos son provistos por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), en el marco de un convenio suscripto entre el organismo y el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA en 2019.
En ese convenio se estableció que el Renaper brindaría “información disponible en sus sistemas informáticos”. El objetivo era “identificar y/o verificar la identidad de las personas sobre las cuales el Ministerio desarrolle las tareas requeridas por el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial Nacional, Provincial y de la Ciudad Autónoma”.
Sin embargo, en dicho convenio se aclara que encuentra prohibida la utilización de la información brindada para fines distintos a los mencionados.
Violación de secretos
Rodríguez precisó que el delito de “violación de secretos” sanciona a todo aquel funcionario que “se introduce de cualquier forma a un banco de datos personales sin autorización.
Y observó que las consultas a la base de datos del Renaper por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA “parecería no tener una justificación racional a la luz de los datos aportados”. De esa forma, podría presumir que los accesos no estarían justificados, por lo que podría calificárselos de ilegales.
Las personas involucradas
Entre las personas por las que el Gobierno porteño solicitó datos se encuentran la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la fallecida titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni; la diputada nacional del Frente de Izquiera, Myriam Bregman; el dirigente social, Juan Grabois.
Además, el fiscal Rodríguez relevó que la mayor cantidad de solicitudes recayeron sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (226 consultas), el desaparecido policía porteño, Arshak Karhanyan (92 veces), y el presidente Alberto Fernández (76 consultas).
Al mismo tiempo, también participan de la lista dirigentes de Juntos por el Cambio como la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió; el precandidato a jefe de Gobierno porteño Ricardo López Murphy. El diputado de Avanza la Libertad José Luis Espert; el gobernador jujeño y precandidato a presidente del radicalismo, Gerardo Morales; el diputado radical Facundo Manes y el precandidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei.
Con información de Télam.
