El Gobierno de Javier Milei encendió las alarmas tras denunciar que un comedor comunitario en Mendoza habría extorsionado a vecinos para que asistieran a la marcha universitaria, la cual se organizó en rechazo a los recortes presupuestarios que afectan a las universidades públicas.
Manuel Adorni, vocero presidencial, fue quien hizo públicas estas acusaciones durante una conferencia de prensa, donde también lanzó fuertes críticas contra líderes políticos que participaron en la protesta.
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Según Adorni, el comedor de Mendoza habría obligado a los vecinos a asistir a la movilización bajo amenaza de multas, en un esquema que calificó de “clientelismo descarado”.
El vocero explicó que la línea de denuncias 134, dispuesta por el Gobierno para este tipo de reportes, recibió varias alertas de extorsión relacionadas con la manifestación, apuntando especialmente al accionar de comedores comunitarios.
En el caso del comedor mendocino, aseguraron que los vecinos fueron presionados para participar en la marcha con la amenaza de recibir multas que podían llegar a los $8.000 si se negaban a asistir. Adorni también aseguró que, en algunos casos, las personas fueron forzadas a pagar $1.000 como “aporte” para sumarse a la protesta.
“Es una práctica absolutamente repudiable, que distorsiona cualquier legítimo reclamo y pone en evidencia un sistema de coacción y manipulación”, señaló el vocero.
Aunque no se dieron detalles específicos sobre el comedor involucrado ni sobre los responsables directos de la extorsión, Adorni dejó en claro que el Gobierno está investigando a fondo estos hechos, y se comprometió a llevar a la justicia a los responsables. “Este no es un hecho aislado, lamentablemente hemos detectado situaciones similares en otras partes del país”, aseguró.
