La abogada Carolina Jacky denunció que una persona que busque justicia en un caso de violencia de género en Mendoza hoy debe armarse de mucha paciencia.
Es que el hecho de haber decidido recortar los nombramientos en los empleados del Poder Judicial y sobre todo dentro del Ministerio Público Fiscal, algo que se aplica hace ya 5 años, produjo que “tengamos más caciques que indios”.
Para la letrada “la imagen lo ilustra todo”, ello lo dice poniendo la lupa en dos Unidades Fiscales: la de Violencia de Género y la de Integridad Sexual. “Esos dos organismos con la prueba más contundente de que hoy la Justicia no está actuando con la debida diligencia”, mencionó.
“Más protección tiene un cliente bancario protegido por la Ley de Defensa del Consumidor que una mujer víctima de violencia de género o menores víctimas de abusos”, explicitó en el mismo sentido.
Si bien la especialista en derechos de la mujer, niños, niñas y adolescentes valora los esfuerzos que el máximo órgano judicial de la provincia en lo referente al expediente digital, cuestiona que “las causas se acumulan, no faltan caciques, sino lo que faltan son indios para gestionar en papel o digitalmente las causas”.
“Sufrimos con las grandes demoras que debemos soportar para hacer ingresar las causas al sistema digital del Ministerio Fiscal”, asegura y fustiga por la “falta de respuesta a los escritos presentados por los profesionales”.
“Para aquél o aquella que no tenga asistencia jurídica privada, los tiempos pueden ser eternos”, ejemplifica y pone de manifiesto que “la excusa es el presupuesto, pero se olvidan que una de las obligaciones del Estado es brindar Justicia, algo que día a día se está deteriorando”.
“Esto nada tiene que ver con lo digital, no todas las víctimas pueden acceder en forma virtual, aunque aún así hay grandes demoras, de meses, en dar respuesta, y los expedientes duermen por falta de mano de obra”, remarca la abogada, quien considera que “esto se llama revictimización, y esto genera daños, y estos se deben reparar”.
“Como son temas de derechos humanos, parece que el Estado provincial está esperando tener una sanción internacional para dar respuesta, y seguramente quejarse de los millones de dólares que deberá pagar para reparar todos esos daños”, culmina según El Ciudadano.
