Un grupo de funcionarios judiciales candidatos para cubrir dos cargos de fiscales federales de Mendoza cuestionaron al Procuración General de la Nación, Eduardo Casal, por el avance del concurso cuando -según entienden- las condiciones no están dadas.
La advertencia fue elevada a la Comisión Bicameral de Monitoreo e implementación del Código Procesal Federal que preside la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti y a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público que encabeza el senador por Río Negro Martin Doñate.
El diferendo se refiere a los concursos N° 126 y 127 destinados a cubrir los cargos de Fiscal de Instrucción ante la Fiscalía Federal N°2 y Fiscal General ante Tribunal Oral Federal N°2 , ambos de la provincia de Mendoza.
“Nos dirigimos a efectos de expresar nuestra preocupación con relación al avance de los concursos de referencia, no sólo porque su continuidad presupone otorgar validez a actos que entendemos son nulos -y cuya impugnación propiciaremos formalmente en sede administrativa-, sino porque además no están dadas las condiciones mínimas para garantizar de modo irrestricto la participación de los y las postulantes”, alertan los funcionarios en la misiva que llegó al Congreso.
Los postulantes cuestionan la convocatoria al examen personal en Buenos Aires en un contexto de pandemia y asimismo al tribunal de evaluación. En la misiva advierten que entre el 16 y 19 de este mes el Procurador Casal dicto dos resoluciones en donde se aprobaron los sorteos de los tribunales de evaluación de uno y de otro concurso para los cargos.
“Los sorteos en cuestión fueron llevados a cabo, conforme lo establecían las convocatorias respectivas, el 26 de abril de 2019. En otras palabras, ambos trámites estuvieron paralizados durante un año y seis meses y se reanudaron, en el contexto actual, mediante la aprobación sorteos que, por lo demás, entendemos deberán ser anulados”, lanzan.
En la misiva brindan al menos cinco argumentos por los que las resoluciones deberían declararse como inválidas.
En primer lugar, se refieren a los exámenes en el contexto de pandemia. Según las disposiciones reglamentarias, una vez aprobado el tribunal evaluador se debe fijar en un plazo de 30 días la fecha para rendir los exámenes escritos en la sede de la Procuración General en Buenos Aires. Debido al aislamiento social por la pandemia de Coronavirus, los candidatos no tienen manera de movilizarse hacia la Ciudad Autónoma.
En segundo lugar, advierten que con la puesta en marcha del sistema acusatorio en la provincia de Mendoza, las condiciones de los concursos deben ser adecuadas a la nueva realidad procesal en la que se ejercerán los cargos a los que se vinculan. Sucede que el actual llamado a concurso se rige con reglas de hace 18 meses.
En tercer lugar, aclaran que la inminente modificación institucional del Ministerio Público debe ser recogida en las formas de evaluación. “El sistema acusatorio da preponderancia a la oralidad por sobre lo escrito, por lo cual resulta importante adecuar el método de evaluación al sistema que se pretende aplicar”, reclaman.
Sobre el cuarto punto, explican que la integración de los Tribunales debe considerar la representación de Magistrados o Juristas que tengan experiencia en los procesos de aplicación e implementación del nuevo sistema acusatorio, particularmente si se tiene en cuenta que el Código Procesal Penal ya se encuentra plenamente vigente en algunas jurisdicciones.
Por último, reiteran que la reanudación de los trámites ha significado dar validez a sorteos que entendiendo deberán ser anulados. “En tal sentido, advertimos que la irrupción de transformaciones sustanciales entre el momento en que fueron llevados a cabo tales sorteos y su reciente aprobación (transcurrido 1 año y 6 meses), más concretamente, la adopción de la Resolución Nro. 2/2019 (del 13 de noviembre de 2019) a la que antes se hizo referencia, imposibilitan dar validez a Tribunales evaluadores cuya integración fue llevada a cabo antes de producidos esos cambios, en tanto -en las circunstancias actuales- se incumple con las exigencias de “diversidad geográfica (y) funcional”, como también con el principio de “especialización” que, conforme el art. 7 del “Reglamento para la Selección de Magistrados/as del Ministerio Público Fiscal de la Nación” (Conforme Resolución PGN 1457/17, modificado por Resoluciones PGN 1962/17 y PGN 19/18), deben primar en la integración de los mismos”, completan.
La misiva al Congreso, publicada por diario Ámbito Financiero, cierra: “En definitiva, de conformidad con lo hasta aquí expuesto, y sin perjuicio de las acciones que propiciaremos en sede administrativa, entendimos resultaba de relevancia poner en conocimiento de las Comisiones que Uds. presiden los extremos que generan nuestra preocupación, con relación a los concursos de referencia”.
