Durante este viernes se desarrolló la audiencia pública, en la que las empresas de distribución eléctrica plantearon un aumento en las tarifas de los usuarios mendocinos. Informaron que pretenden un incremento aproximado del 20 %.
El pasado 10 de noviembre, el Ente Regulador Eléctrico (EPRE) dio detalles sobre una resolución, la número 149/2020 en donde convocaron a la audiencia para adecuar la tarifaria del segundo semestre del año del Valor Agregado de Distribución (VAD). En este contexto de pandemia por el Covid-19, se realizó de manera virtual.
Entre alguno de los temas abordados, se refirieron a la asignación multas a obras por la calidad de la energía, que luego consumen los usuarios. También, trascendió que la tarifa social tendrá un incremento del cargo CCCE (Contribución para la Compensación de Costos Eléctricos) del 5 % al 7,5% para hacer frente al beneficio social, excluyendo al riego agrícola.
Los usuarios sufrirán un aumento cercano al 20%, trascendió. Voceros del EPRE indicaron que para los usuarios de las categorías T1R1, el incremento sería del 14,9%; para los incluidos en el TIR2 del 22,2%; T1R3 del 26,6, entre los más destacados.
Ejemplificaron que los usuarios que menos uso de la energía hacen, el segmento indicado como T1R1, es un 14,9 % lo que se traduciría en un aumento de 140 pesos en un incremento de unos 1.100 pesos mensuales. En usuarios encuadrados en T1 R3 es un 26,6 %, lo que sería 1.380 pesos más, arrojando un total de 6.500 pesos por mes.
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— EPRE Mendoza (@epremendoza) December 11, 2020
En cuanto a la tarifa comercial, detallaron que será de un 27 %, abonarán entre 5.000 y 16.000 pesos más en sus facturas, publicó Mendozapost.
Entre las diferentes personalidades que estuvieron presentes, se destacó la figura del diputado Mario Vadillo, que pidió que suspendan los aumentos hasta la finalización de la pandemia. “Los usuarios tienen limitados sus ingresos que son necesarios para poder pagar, de hecho se las distribuidoras se han abstenido de efectuar suspensiones o cortes del suministro por falta de pago a 69.833 facturas desde el 25 de marzo a la fecha, justamente a familias que ya no podían pagar, menos ahora con un nuevo aumento”.
Posteriormente, expresó que los aumentos violan la Revisión Tarifaria 2018-2023 ya que “se está modificando de hecho las proporciones de las categorías de usuarios al imponer en forma asimétrica los porcentajes de aumento así por ejemplo: Usuarios T1 R1 es un 14% y a los T1 R3 es un 26.6% esto podría tomarse como una forma de progresividad impositiva, pero esto es un servicio a familias que hace años no tienen sus ciudadanos acceso a la vivienda y al gas de redes”.
También remarcó que muchos comerciantes están afectados económicamente por no haber podido trabajar al 100 % debido a la pandemia del coronavirus.
“El 41,5% está por debajo de la línea de pobreza y el 31% de los hogares, 425.034 personas, que están sin recursos, muchos de ellos son hogares multifamiliares, usan medidores comunitarios en los barrios populares, y luz de obra, por no tener no tener las condiciones técnicas. Al recargar en forma desproporcionada las categorías de mayor uso, se está castigando e imposibilitando el acceso a un servicio público que es vital para su hábitat, generando un flagrante violación de derechos humanos”, señaló el legislador.
