La vicepresidenta Cristina Kirchner rompió el silencio y denunció un pacto entre la Justicia de EEUU y los fondos buitres. Esto sucedió tras el fallo de la justicia de Nueva York contra la Argentina y que obliga a pagarle unos US$16.000 millones al fondo Bradford.
“Hay un viejo aforismo que reza… ‘Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).
“Y si no me crees mirá y escuchá a la congresista de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU, denunciando sobornos de Paul Singer a un miembro de la Corte Suprema de EEUU que falló a favor de los Fondos Buitre y en contra de nuestro país por la bonita suma de 2.400 millones de dólares”.
Hay un viejo aforismo que reza… “Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad”.
Y si no me crees mirá y escuchá a la congresista de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de… pic.twitter.com/pTw8oGIXUO
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 15, 2023
La diputada estadounidense explica en el video que Singer invitó al juez Samuel Alito a viajes de pesca, entre otros, a cambio de un fallo favorable.
“Que no te mientan más. Es así cómo se logran, en el Poder Judicial de EEUU, fallos a favor de Fondos Buitre y en contra de la Argentina, tu país”, concluyó Cristina Kirchner.
De qué se trata el fallo por la expropiación de YPF
A raíz de un fallo adverso emitido desde la Justicia de Estados Unidos, Argentina deberá pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación de acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, realizada de forma indebida bajo el mandato de Cristina Kirchner.
La sentencia catastrófica de la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, se conoció este viernes y optó por el escenario más desfavorable para el país. Para Argentina, el juicio ya estaba perdido y pretendía pagar no más de 5.000 millones de dólares.
La diferencia entre la cifra de la sentencia y la pretensión argentina radicaba en calcular intereses según la fecha de la irrupción de los funcionarios argentinos en YPF y la fecha en que la expropiación fue aprobada por ley del Congreso.