El Partido Verde no quiere saber absolutamente nada con el Presupuesto 2025 que impulsa el Gobierno provincial, y difundió un comunicado expresando su rechazo a la iniciativa del Ejecutivo.
Desde el espacio opositor al Ejecutivo guiado por Alfredo Cornejo, expresaron “profunda preocupación por los incrementos en impuestos y tarifas que afectarán directamente a las familias mendocinas“.
Es más, el partido que tiene entre sus filas a dirigentes como Mario Vadillo, el senador provincial Dugar Chappel, el concejal de la Ciudad de Mendoza, Ricardo García, y la concejal de Las Heras, Paula García, sacaron un comunicado titulado: “Cosete los bolsillos, que se viene el impuestazo“.
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En el texto al que accedió News Online, alertaron sobre “aumentos desmesurados en impuestos claves y en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO)”.
COMUNICADO DEL PARTIDO VERDE SOBRE SU POSTURA DEL PRESUPUESTO 2025. pic.twitter.com/AV3kBEl5qt
— Partido Verde Mendoza (@Partidoverdemdz) October 29, 2024
Sobre el impuestazo, Emanuel Fugazzotto comentó que: “Este presupuesto va a contramano de la reducción de la carga impositiva para las familias. Al contrario, se le sigue pegando una paliza a la clase media y a los sectores más humildes, que son quienes terminarán financiando, si es que pueden pagar, las cajas del Gobierno”.
Aumento excesivo de la RTO: hasta un 230% en 2025
Uno de los puntos más cuestionados es la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). De aprobarse el proyecto de Ley Impositiva, el aumento en la Unidad Fiscal (UF) implicará que el costo de este trámite para un automóvil llegue a los $102.656, un incremento del 230,7% respecto al valor actual. Según la resolución 8 de la Dirección de Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, el impacto de la suba no solo recae en los valores de las multas viales, sino también en la RTO, generando preocupación por el impacto económico que esta medida tendrá en la población.
Mario Vadillo adelantó acciones legislativas en este punto: “En la legislatura vamos a pedir que se suspendan los aumentos de la RTO. Estos incrementos son ilegales, artificiales y ficticios, y solo se está engordando la caja política de los talleres de la RTO y de los políticos que están detrás de ellos”.
Suba del impuesto inmobiliario y su impacto en las boletas de agua
Desde el Partido Verde también señalaron que el impuesto inmobiliario experimentará un alza considerable. A través de un sistema de medición que consideran artificial, el Gobierno podría aumentar los metros cuadrados de las propiedades sin una verificación precisa, lo que incrementará tanto las valuaciones fiscales como el impuesto inmobiliario. Esta metodología, además, afectará la boleta del agua de aquellos usuarios que no posean un medidor, generando un aumento encubierto en los costos de consumo.
El proyecto también prevé una suba importante en el impuesto inmobiliario, que establece un mínimo de $30,100. La nueva metodología masiva de valuación, basada en el Observatorio del Mercado Inmobiliario, permite ajustar valores sin verificaciones precisas.
Dugar Chappel dijo que: “En el presupuesto 2025, este gobierno ha impuesto un verdadero impuestazo, con aumentos que van del 100% al 1000% en el inmobiliario, la RTO, el automotor, y hasta cargos ocultos en la factura de luz. Y recién empezamos a revisar las cláusulas escondidas.”
Incremento en el impuesto automotor: fin de los “topeos”
Otro aspecto relevante en la ley Impositiva es el impuesto automotor. El proyecto de presupuesto plantea eliminar los “topeos” que se establecieron durante la pandemia para evitar aumentos excesivos en el impuesto sobre vehículos. Hasta finales de 2024, la normativa permitía una alícuota del 3% para todos los vehículos y limitaba el aumento de la “patente” al 152% en autos con valores de hasta $15 millones. Sin embargo, en la nueva propuesta, este “topeo” se eliminaría, lo que podría traducirse en aumentos desproporcionados para los contribuyentes.
En este punto, Vadillo dijo que: “La recaudación termina en cajas políticas, sin que los mendocinos vean el impacto en obras, mejoras o servicios públicos. Esta voracidad fiscal nos deja sin respuestas claras de a dónde va realmente el dinero de los impuestos, y mientras tanto, el Estado sigue exigiendo cada vez más a quienes menos pueden afrontar esta carga”.
Aumento del 10% en las tarifas de energía eléctrica
Dentro de los puntos de preocupación destacados, el Partido Verde denunció también el incremento del 10% en las tarifas de energía eléctrica que, de aprobarse, aplicará sobre el consumo total de cada usuario. Este aumento, propuesto por el Ministerio de Energía y Ambiente, se traduciría en un alza considerable en las facturas de electricidad, que podrían llegar a ser un 1000% más altas si se comparan los valores de diciembre de 2023 con diciembre de 2024.
El senador Dugar Chappel dijo que: “En la factura de luz, han añadido un cargo oculto del 10% calculado sobre el costo total de energía de cada hogar. Si comparamos el costo actual con el de 2023, el incremento voraz de este único impuesto supera el 1000%. La única idea que se le cae al gobierno es subir impuestos cuando prometieron lo contrario.”
Cargos ajenos en las facturas de luz
A estos incrementos, también se suma la problemática de los cargos ajenos en la factura de luz, algo que el Gobierno nacional busca eliminar mediante una medida para transparentar el costo de los servicios públicos.
Ricardo García, concejal de la Ciudad de Mendoza, expresó: “Es importante que los usuarios vean un desglose claro de lo que realmente están pagando. Las facturas de luz no deberían reflejar gastos ajenos al servicio de energía, sino que deben ser transparentes y evitar los recargos encubiertos que afectan el bolsillo de los mendocinos”.
Y añadió: “Esta práctica de los intendentes viola el art. 42 de la constitución Nacional. El derecho de los consumidores a tener una información clara, veraz y detallada de lo que están pagando.
En esta misma línea, la concejal de Las Heras, Paula García, comentó: “La ciudadanía debe saber exactamente qué está pagando y por qué. Esta medida debería aplicarse en todas las facturas de servicios públicos, ya que es la única forma de garantizar una relación justa y transparente entre el Gobierno y los usuarios”.
