Tras la disolución del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), el Gobierno provincial rápidamente se desprendió de la mayoría de los empleados que allí se desempeñaban.
De un total de 58 agentes, 28 fueron reubicados en Irrigación, Aysam y en la Administración Central, mientras que 30 fueron despedidos. “Serán indemnizados conforme a la Ley”, agregaron desde Casa de Gobierno.
Los mismos informantes, además, destacaron que de esta forma “el sostenimiento administrativo de las funciones reasignadas, no requerirán fondos del presupuesto provincial, generando un ahorro cercano a los 1.000 millones de pesos al año. Junto a la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, la modificación del Marco Regulatorio de Agua y Saneamiento apunta a mejorar los controles en la prestación de este servicio de forma uniforme en toda la provincia, no sólo en la empresa AySAM, sino también en la operación a cargo de los Prestadores de Gestión Comunitaria, que sirven al 30% de los habitantes”.
