Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/concesiones-en-mendoza-las-inversiones-privadas-que-no-llegan-y-los-controles-que-fallan/
Hay una constante no escrita en la dinámica institucional y económica de los últimos años en Mendoza: cuando el Estado impulsa una infraestructura con recursos propios o administra directamente la inversión, los plazos suelen cumplirse, las estructuras se levantan y los proyectos avanzan con cierta previsibilidad. Las obras encaradas con los fondos del resarcimiento son una muestra de esta parte de la historia.
Sin embargo, cuando el desarrollo queda en manos del capital privado, el engranaje muchas veces se traba. El vértigo de los anuncios iniciales termina frente a una realidad menos auspiciosa: demoras, explicaciones administrativas y proyectos que no avanzan al ritmo comprometido, mientras el Estado debe decidir hasta dónde está dispuesto a exigir el cumplimiento de los contratos.
No se trata de cuestionar la participación privada ni un modelo de concesiones que, bien diseñado y controlado, permite desarrollar infraestructura y explotar bienes públicos sin comprometer directamente recursos estatales. La discusión pasa por otro lado: qué hace el Estado cuando las inversiones prometidas no llegan, los plazos vencen y las empresas adjudicatarias presentan explicaciones para justificar sus demoras.
La novedad político-institucional de estos días, plasmada en las presentaciones formales realizadas ante la Fiscalía de Estado y la Subsecretaría de Deportes, volvió a poner el foco sobre una debilidad en los mecanismos de control provinciales. El caso testigo es el estadio cubierto Aconcagua Arena.
Aconcagua Arena: de las promesas a los expedientes
En enero pasado, el Gobierno provincial celebró la concesión del estadio cubierto del Parque San Martín por un período de veinte años. La adjudicación a Perfeta Producciones quedó formalizada mediante el Decreto 100 y el contrato estableció un cronograma de inversiones con una fecha determinante: el 26 de septiembre debían estar concluidas y habilitadas una serie de mejoras estructurales.
El plazo venció sin que las obras estuvieran terminadas. Frente a esa situación, el Gobierno intimó al concesionario, que respondió con un descargo administrativo de más de cien páginas. En su presentación, la empresa atribuyó las demoras a problemas de importación, trabas aduaneras y dificultades en la fabricación de los paneles destinados a la climatización y la acústica del estadio. También acompañó comprobantes de pagos por aproximadamente 1.800 millones de pesos para respaldar su pedido de prórroga.
Pero los cuestionamientos excedieron las dificultades para conseguir equipamiento importado. Según la presentación de Arena M, la empresa que quedó segunda en el orden de mérito de la licitación, tampoco habían comenzado trabajos que dependían de la ejecución local: los dos palcos VIP, la remodelación de más de 1.100 metros cuadrados del subsuelo gastronómico y la reorganización del estacionamiento. También cuestionó la falta de avances en la contratación de Procon, la constructora que Perfeta había comprometido durante la licitación.
La firma también señaló que el pedido de prórroga de Perfeta Producciones se formuló después del vencimiento del plazo contractual y como respuesta a la intimación de la Subsecretaría de Deportes. El conflicto llegó a la Fiscalía de Estado, que el pasado 23 de octubre envió pedidos de informes al ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, y al subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta. Ambos funcionarios cuentan con quince días hábiles para responder.
Mientras Deportes analiza la posibilidad de otorgar la prórroga solicitada por Perfeta Producciones, el órgano de control encabezado por Fernando Simón pidió que se le informara previamente cualquier acto administrativo relacionado con el caso.
Los pliegos licitatorios contemplan salvaguardas para proteger el interés fiscal: desde las multas diarias por mora hasta causales de rescisión vinculadas con la falta de inicio de las obras dentro de los primeros noventa días. También establecen un canon mensual de 10 millones de pesos, cuyo cumplimiento forma parte de las obligaciones que debe controlar el Gobierno.
La exigencia de Arena M de declarar la caducidad del contrato por responsabilidad del adjudicatario, junto con su oferta de elevar el canon a 12 millones de pesos actualizables por IPC, agregó otro elemento a la controversia. El Ejecutivo deberá resolver si corresponde conceder la prórroga o aplicar las herramientas previstas en el contrato.
Potrerillos, el antecedente que incomoda
El conflicto del Aconcagua Arena no constituye una anomalía aislada. Mendoza arrastra antecedentes que obligan a observar el comportamiento de las concesiones privadas sobre bienes públicos. El desarrollo del perilago de Potrerillos es uno de ellos.
La propuesta de desarrollar las costas norte y sur del dique mediante concesiones privadas por cincuenta años se presentó como una oportunidad histórica para transformar el lugar en un polo turístico y náutico de jerarquía internacional. Sin embargo, las auditorías oficiales posteriores y el estado de los emprendimientos expusieron la distancia entre las expectativas iniciales y los resultados.
Donde se prometieron complejos hoteleros integrados y paradores de alta gama, las inversiones avanzaron de manera limitada. La expectativa era que el capital privado pusiera en marcha un desarrollo que el Estado, por sí solo, difícilmente podía afrontar. Pero entre los anuncios y las concreciones quedó una distancia considerable.
A cuatro años de las primeras adjudicaciones sobre tierras públicas de alto valor turístico, las grandes obras siguen sin aparecer. En Potrerillos solo se registraron intervenciones puntuales, trabajos menores y sectores acondicionados por emprendedores que ya estaban instalados en el lugar antes de que el Gobierno avanzara con su plan de desarrollo turístico.
El Ejecutivo adjudicó en 2022 la Costa Sur a dos empresas: Potrerillos Resort y Mendotravel. La primera luego cedió su participación a otro grupo de firmas locales. Entre 2024 y 2025, en tanto, se concesionó la Costa Norte a cinco compañías y a la Universidad Nacional de Cuyo.
El caso también permite observar una particularidad del entramado empresario que participa de los negocios vinculados con el Estado. Mendotravel está relacionada con Fernando Porreta, uno de los principales contratistas de la obra pública mendocina. Mientras los desarrollos privados de Potrerillos permanecen rezagados, otra firma de ese grupo empresario, CEOSA, avanza con los trabajos de ampliación del Metrotranvía.
La comparación no implica que ambos emprendimientos tengan las mismas condiciones contractuales, financieras o técnicas. Sí permite advertir una diferencia central: en Potrerillos, la ejecución depende de la capacidad de inversión de los concesionarios; en el Metrotranvía, el financiamiento proviene del Estado.
La lupa en los municipios
Las dificultades para exigir el cumplimiento de los plazos y las condiciones establecidos en los pliegos licitatorios no son patrimonio exclusivo del Estado provincial. Los municipios también enfrentan problemas para fiscalizar las obligaciones de las empresas adjudicatarias.
Un ejemplo tiene epicentro en la Ciudad de Mendoza. Los expedientes vinculados con la modernización y explotación comercial del mobiliario urbano —pantallas públicas, carapantallas y paradores de colectivos— establecieron exigencias detalladas: plazos para ejecutar los planes directores, constitución de garantías, contratación de seguros y pautas estrictas de mantenimiento preventivo y correctivo.
Sin embargo, la realidad de la vía pública muestra diferencias respecto de las condiciones previstas. Los cronogramas de puesta a punto acumulan demoras, las pantallas digitales e interactivas comprometidas no aparecieron en los tiempos previstos y varios paradores continúan a la espera de la reconversión anunciada.
El contraste entre el detalle de las exigencias durante los procesos licitatorios y las dificultades para concretarlas después de las adjudicaciones volvió a poner en discusión la capacidad de fiscalización municipal. La cuestión no pasa solamente por establecer obligaciones, sino por controlar su cumplimiento y actuar frente a las demoras.
La mecánica del incumplimiento y la respuesta estatal
El paralelismo entre estos escenarios expuso una debilidad en el diseño, la ejecución y el control de las concesiones públicas en Mendoza, tanto a nivel provincial como municipal. La secuencia se repite: administraciones que depositan expectativas en la capacidad inversora del sector privado, pliegos con compromisos de ejecución y adjudicaciones presentadas como logros de gestión. Después, en algunos casos, llegan los vencimientos de los plazos y las dificultades para concretar las inversiones comprometidas.
Al analizar los expedientes del Aconcagua Arena y el mobiliario urbano de Capital, junto con el antecedente de Potrerillos, quedó planteado un problema que excedió la capacidad de los privados para invertir. También involucró la respuesta estatal frente a las obligaciones que no se cumplieron.
No todos los retrasos responden necesariamente a las mismas causas ni configuran, por sí solos, incumplimientos que justifiquen la rescisión de un contrato. Cada situación requiere una evaluación de las obligaciones asumidas, las razones invocadas y las responsabilidades correspondientes. Pero esa distinción no exime al Estado de ejercer sus facultades de control ni de adoptar decisiones cuando se verifican incumplimientos.
Lo que se encuentra bajo escrutinio institucional es la capacidad real de la administración pública para hacer valer las reglas de juego que ella misma redactó, proteger el interés fiscal y demostrar que las condiciones de una licitación tienen fuerza vinculante y no son simples declaraciones de intenciones supeditadas a la conveniencia del concesionario de turno.
