La confirmación oficial de Venezuela sobre la detención de Nahuel Gallo, el gendarme argentino arrestado el pasado 8 de diciembre al intentar ingresar desde Colombia, representa un avance en las gestiones para lograr su liberación. Este reconocimiento, según la Cancillería argentina, establece un marco legal que obliga al régimen de Nicolás Maduro a garantizar los derechos humanos y el debido proceso del detenido conforme a acuerdos internacionales.
El jueves, Brasil, que actúa como mediador, recibió una carta oficial venezolana a través de WhatsApp, un canal poco convencional, pero que marcó un cambio sustancial al reconocer formalmente la detención de Gallo. Este paso permite a Argentina exigir información sobre su estado y el proceso judicial en curso, dejando atrás la incertidumbre sobre su paradero.
Durante una conferencia de prensa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el canciller, Gerardo Werthein, rechazaron las acusaciones del chavismo que vinculan a Gallo con actividades terroristas. Ambos reafirmaron su compromiso de trabajar para desmentir estas imputaciones y garantizar su liberación.
Mientras tanto, Argentina intensifica las gestiones internacionales, explorando el respaldo de organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y evaluando una posible presentación ante la Corte Penal Internacional (CPI). A pesar de las tensiones con Venezuela, desde la Casa Rosada mantienen una postura cautelosa para preservar la integridad de Gallo, su pareja y su hijo.
El apoyo de Luiz Inácio Lula da Silva ha sido clave en esta etapa, equilibrando su cooperación con Argentina y los canales diplomáticos abiertos con Caracas. En este contexto, el gobierno argentino sigue exigiendo detalles sobre el paradero de Gallo y los cargos en su contra, aumentando la presión internacional para garantizar su liberación.
