El juicio político al suspendido juez federal de Mendoza Walter Bento comienza a definirse en las próximas horas con la declaración de los últimos testigos. Posteriormente, será el turno de los alegatos de las partes.
En paralelo al jury de enjuiciamiento, el magistrado está siendo juzgado en Mendoza por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo, prevaricato y falsedad ideológica.
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La Justicia mendocina detectó un incremento patrimonial del grupo familiar del juez, además de viajes al exterior, compra de propiedades y vehículos que estiman podrían derivar del cobro de coimas a detenidos, según fuentes judiciales.
En ambos juicios Bento negó los cargos y juró que los testigos en su contra buscan “beneficios” en su condición de detenidos y condenados.
En el caso del jury, que evalúa su desempeño como juez, el jurado designado por sorteo está integrado por los senadores Daniel Bensusán (Frente Nacional y Popular) y José Torello (PRO); las diputadas Anahí Costa (Frente de Todos) y Ana Clara Romero (PRO); los camaristas Javier de la Fuente y Javier Leal de Ibarra y el abogado Alfredo Barrau.
Para aprobar la destitución de Bento deben votar afirmativamente cinco de los siete jurados que integran el jury y la decisión no es apelable.
En octubre de 2022 el magistrado federal realizó su descargo ante la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, presidida entonces por el diputado del PRO Pablo Tonelli y dijo ser “inocente” de todas las acusaciones.
Pero en abril de este año, por unanimidad, el Consejo apartó a Bento de un concurso para la Cámara Federal de Casación Penal por obviar en su presentación que estaba siendo juzgado por delitos graves.
La acusación contra Bento por mal desempeño la llevan adelante, en representación del Consejo de la Magistratura, el abogado Miguel Piedecasas, la diputada Roxana Reyes (UCR) y el senador Eduardo Vischi (UCR).
El lunes pasado, cuando comenzó el jury, Piedecasas hizo hincapié en que el pedido de remoción recibió el voto unánime del plenario del Consejo por “la importancia y trascendencia de los cargos que se le imputan”.
