El juez federal Sebastián Casanello llamó a declaración indagatoria a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, por una presunta administración fraudulenta de fondos que la organización recibió del Estado como parte del Plan Potenciar Trabajo, extorsión y acciones coactivas.
Según la hipótesis del juez, el Polo Obrero usó “facturación apócrifa” y simuló “gastos no concretados” para “disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos” recibidos del Estado. “Lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, sostuvo Casanello.
El expediente se inició por denuncias de beneficiarios del Potenciar Trabajo que dijeron que los obligaban a ir a las marchas si querían conservar sus planes y que les cobraban un porcentaje de sus ingresos para solventar los gastos de la organización. La investigación judicial encontró pruebas que ratificarían estas denuncias, pero que, además, acreditarían un desvío de los fondos que el Polo Obrero recibía como unidad de gestión del programa
“Considero acreditado -con el grado requerido legalmente en esta etapa- que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa “Potenciar Trabajo”, dijo el Casanello en el llamado a indagatoria a Belliboni y otros dirigentes sociales.
La sospecha del juez es que utilizaban el programa de ayuda social “con fines políticos-partidarios a través de sumar militancia y fondos a sus agrupaciones”.
