El Gobierno nacional decidió clausurar la intermediación de las obras sociales en la derivación de aportes a las prepagas, una práctica que hasta ahora permitía a ciertos sindicatos retener un porcentaje del dinero antes de transferirlo a las empresas de medicina privada.
La medida fue oficializada el jueves a través de una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud, y busca simplificar el circuito de financiamiento, permitiendo que los aportes de los trabajadores y las empresas vayan directamente a las prepagas sin intermediarios. Según cálculos oficiales, este cambio impactará en 1.380.000 trabajadores y sus familias.
El sistema de salud argentino se financia con un 3% del salario de cada trabajador y un 6% adicional a cargo del empleador, sumando un 9% total que puede destinarse a una obra social o a una prepaga. Hasta ahora, quienes elegían una prepaga debían canalizar parte de sus aportes a través de una obra social, que retenía entre un 2% y un 10% del monto total.
Esta intermediación representaba un costo anual de $3 billones, compuesto por $180.000 millones mensuales en aportes, $42.000 millones en subsidios a obras sociales, y $30.000 millones mensuales en contratos entre obras sociales y prepagas.
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El sistema comenzó a cambiar en febrero de 2024, con la reglamentación del Decreto 70/2023, que eliminó la obligatoriedad de pasar por una obra social para derivar aportes a una prepaga. A partir del 1 de diciembre, los trabajadores podían hacer el trámite online para gestionar directamente sus aportes. Sin embargo, el Gobierno señaló que la cantidad de personas que realizaron el trámite fue menor a la esperada, por lo que decidió acelerar el proceso con esta nueva resolución.
