Este lunes, la organización internacional, que tiene como objetivo la defensa de la libertad de prensa y de periodistas perseguidos por su labor profesional, actualizó el listado de jefes de Estado o de gobierno que imponen una represión masiva contra la libertad de prensa por todo el mundo.
El último listado databa del 2016, y en la publicación actualizada se resalta la aparición de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, entre los mandatarios al frente de países formalmente democráticos.
La ONG, de origen francés, le reprocha a Bolsonaro los insultos, humillaciones y “amenazas vulgares” que ha dirigido a la prensa desde que llegó a la presidencia en 2018. Desde entonces, -subraya- “el trabajo de la prensa brasileña se ha vuelto extremadamente complejo” y los principales objetivos de sus ataques han sido las mujeres periodistas, los especialistas políticos y el grupo Globo. Se queja en particular de la acción combinada de la familia y el entorno del presidente brasileño con personas que le apoyan desde las redes sociales y que, con ayuda de robots, se dedican a quitar credibilidad a la prensa a la que acusan de ser “enemiga del Estado”.
El presidente brasilero se sumó a la lista negra de mandatarios latinoamericanos en la cual ya se encontraba Nicolás Maduro de Venezuela desde su llegada al poder en 2013. Además, en Latinoamérica también fueron apuntados por “Reporteros sin Fronteras”, los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Nicaragua, Daniel Ortega.
La presencia de Díaz-Canel se justifica por la continuidad que ha dado al “totalitarismo de tipo soviético” que le dejó en sus manos cuando le cedió el poder Raúl Castro, que hasta entonces también figuraba entre los “depredadores” señalados por la organización.
En tanto, señalan al nicaragüense Ortega por la “asfixia económica y censura judicial” a la que ha estado sometiendo a la prensa desde que comenzó su tercer mandato consecutivo en noviembre de 2016, y que ha tomado una nueva dirección con la perspectiva de las elecciones presidenciales que deben celebrarse en noviembre. RSF hace notar que ha reforzado “su arsenal de censura” con acciones judiciales “abusivas” contra los que se le oponen tanto en la clase política como en los medios y señala entre sus principales víctimas a la familia Chamorro y en especial a la periodista y ahora también candidata presidencial Cristiana Chamorro.
Novedades en el lista negra mundial
Por primera vez, desde la creación de la lista de “depredadores de la prensa” hace una veintena de años, figura un responsable de un país de la Unión Europea y dos mujeres.
La ONG considera que Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, no ha cejado en su empeño de atentar contra el “pluralismo y la independencia de los medios”. A partir de su idea de “democracia iliberal”, ha transformado el servicio de radio y televisión pública en “órgano de propaganda” y a los medios privados o los ha convertido en siervos o los ha reducido al silencio. Eso ha sido posible gracias a maniobras político-económicas y a la compra de medios por parte de algunos oligarcas vinculados a su partido, Fidesz.
La jefa del Ejecutivo de Hong Kong fue incluida tras ser considerada como “una marioneta” en las manos del presidente chino, Xi Jinping, en la aplicación de políticas “liberticidas contra la prensa” que llevaron a la desaparición en junio del último diario independiente, Apple Daily, y al encarcelamiento de su fundador, Jimmy Lai. La otra mujer es la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, que dirige el país desde 2009 y que con una ley de 2018 sobre la seguridad digital -siempre según RSF- ha propiciado procedimientos judiciales contra más de 70 periodistas y blogueros.
Siete de los dirigentes de la lista negra de la organización llevan desde la primera edición en 2001. Por ejemplo el guía de la revolución iraní, Alí Jameneí, los presidentes de Siria, Bachar el Asad, Rusia, Vladimir Putin, Bielorrusia, Alexander Lukashenko. También el de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, que es el jefe de Estado del mundo que lleva más tiempo en el cargo a las riendas de lo que Reporteros no duda en calificar de “una dictadura totalitaria” en la que el paisaje mediático se limita casi exclusivamente a los estatales encargados de divulgar la “propaganda del Gobierno” y donde no hay ningún corresponsal extranjero.
