Walter Bento, el juez federal con competencia electoral de Mendoza, acusado de cobrar coimas para otorgar ciertos beneficiar a presos, desistió de apelar el procesamiento en su contra, el cual será confirmado durante los próximos días por la Cámara Federal.
Junto a su mujer, Marta Isabel Boiza, buscan llegar a tribunales internacionales. De esta forma, el magistrado quiere demostrar que no existe “imparcialidad” en la Justicia argentina que lo investiga pero sí una “estrategia de lawfare” y una “operación de prensa planificada”.
De todas formas, según pudo saber LA NACION, antes de recurrir a un tribunal internacional, Bento debe agotar todas las instancias procesales nacionales.
“Estamos absolutamente convencidos que la Cámara Federal de Mendoza no es un tribunal imparcial, que la resolución que confirma nuestros procesamientos ya está escrita (desde hace semanas o tal vez meses), que no interesa la verdad”, indicó el juez en un comunicado difundido por sus abogados.
“No se examinan nunca nuestros fundamentos y se recurre a la arbitrariedad, y que lo único que interesa es el desplazamiento del Dr. Bento del cargo que ejerce por concurso y condicionar su función como magistrado de la Nación a través de un proceso ilegítimo”, señala el documento, donde se busca dejar en claro que el trámite de la causa “evidencia la construcción de una imputación falsa”.
Asimismo, expusieron la visión del juez sobre un ataque en su contra. “Es evidente que existe una estrategia de lawfare orquestada por el poder político para perseguir al Dr. Bento. Tenemos la más absoluta convicción, nosotros como nuestros abogados, que ante un tribunal imparcial seremos absueltos, lo que difícilmente atenúe las graves arbitrariedades e ilegalidades cometidas en nuestro perjuicio y de nuestra familia. Fuimos condenados con mentiras sin juicio a través de una operación de prensa planificada”, se lee en el escrito, haciendo referencia así a la decisión Eduardo Puigdéngolas, el juez federal que lo investiga, que fue quien ordenó el procesamiento, el embargo por más de 300 millones y la prisión preventiva
Está claro que Bento no puede ser detenido, ya que posee fueros por ser juez, por lo que la orden de prisión domiciliaria efectiva quedará en suspenso. Inclusive, aún se espera por definiciones en el Consejo de la Magistratura, sobre todo teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones legislativas.
El magistrado es titular del juzgado federal Nº1 de Mendoza, está imputado como jefe de una asociación ilícita y cohecho, además de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, entre otros delitos. En su declaración desestimó todos los cargos en su contra y aseguró que el fiscal que lleva adelante la investigación, Dante Vega, solo busca conseguir arrepentidos falsos.
Aseguró que no está probada “la entrega de dinero”, y consideró que es una “injusticia” que hayan detenido a abogados “por delitos que son excarcelables”, aunque en la causa ya hay letrados y contrabandistas arrepentidos. También dio explicaciones sobre los beneficios que le otorgó a varios reos.
Frente a este panorama, el magistrado tiene dos frentes, la investigación judicial que lo pone contra las cuerdas cada vez más y la resistencia a los pedidos de buena parte de la política para que se aleje del proceso electoral. Mientras, el Consejo de la Magistratura dilata su resolución, con tensión interna y dilaciones promovidas por los exponentes kirchneristas del cuerpo, aunque empieza a aumentar la presión política para que se tome una resolución. Incluso, podría ser la propia Cámara Nacional Electoral la que le pida dar un paso al costado. Bajo este escenario, que lo acorrala aún más, Bento ya trabaja junto con sus abogados en presentarse ante los tribunales internacionales; al menos es lo que manifestó en la carta.
“Es más un mensaje de resistencia que una acción concreta que vaya a realizar, porque primero debe agotar todas las instancias judiciales argentinas. Bento quiere decir que aquí no tiene garantías, que le sueltan la mano, pero todo es un manotazo de ahogado por las pruebas que lo comprometen cada vez más”, comentó al medio porteño una fuente judicial.
En tanto, la investigación en su contra sigue su curso, mientras se espera para los próximos días la resolución de la Cámara Federal, que ahora pasa a ser un hecho que confirme el procesamiento. Así, el fiscal Vega sigue con sus tareas y las medidas de prueba, complicando aún más al magistrado. “Hay algunas decisiones de trámite y alguna ampliación de declaración de un par de imputados antes de clausurar la instrucción”, agregaron los voceros, aunque todavía no hay indicios de cuándo podría elevarse la causa a juicio.
