Los antecedentes históricos sobre el manejo de los fondos públicos en Argentina, la ponen en una situación sumamente incómoda a la actual ministra de Economía, Silvina Batakis.
Una serie de datos publicados hoy por Carlos Pagni en La Nación, reflejan el creciente gasto desde la gestión de Néstor Kirchner a la actualidad.
El reconocido colega destacó el aumento que se dio entre los años 2007 y 2009, con Sergio Masa al frente de Anses, ya que la repartición incorporó a una gran cantidad de beneficiarios.
Pagni subraya que “ahí empieza el corazón del problema fiscal de muy difícil resolución porque es muy complejo, políticamente, tocar las jubilaciones. A pesar de eso, en su última revisión, el Fondo Monetario Internacional (FMI), que dio a conocer su informe hace dos semanas, pide una reforma previsional“.
La Nación reflejó como durante el gobierno de Mauricio Macri cayó significativamente el gasto público, hasta la llegada de Alberto Fernández, que volvió a impulsar un crecimiento de 4,5% del gasto.
Y pese a que Batakis se muestra a favor de recortar el gasto, desde lo político sabe que le puede costar caro. Inclusive, los aliados de Fernández pretenden que la economista permita mayor gasto. En medio de esto, habrá que ver el papel que juega la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que por ahora se ha mantenido al margen y no ha emitido opinión.
Pagni, con mucho asidero en su relato, recuerda los dolores de cabeza que le trajo a Dilma Rousseff en Brasil, a Iván Duque en Colombia y a Sebastián Piñera en Chile el haber “tocado” los servicios públicos.
El gráfico anterior, también publicado por el medio porteño, muestran los irracionales valores de la energía. En primer lugar, el costo residencial está regado a comparación de lo que abona la industria. Este desajuste hace que lo que paga de más la industria se le traslade al consumidor que la paga muy barata.
“Ese producto, al estar tan barato, induce a un derroche. ¿Quién controla si la luz está prendida en una casa hoy? La gente de determinada edad que tiene todavía una memoria histórica de cuando la energía era cara. A partir de determinada edad la gente ya no controla si está la luz prendida o apagada porque no sabe cuánto vale. Ahora, heredera de la agenda de Martín Guzmán, Silvina Batakis tiene que hacerse cargo de este problema muy complejo y probablemente sea inconducente la solución que le están buscando”, destaca Pagni en su artículo.
El problema tarifario que terminó de llevarse puesto a Martín Guzmán, es el mismo inconveniente que ya empezó a complicar las aspiraciones de Batakis.
“Ahora ella tiene que llevar adelante el programa de reducción de subsidios para el cual hay enviar un formulario si uno considera que es merecedor de esa subvención subsidio. Hay distintos niveles de ingresos y otros indicadores, propiedades etc., con los cuales a la gente se le va a quitar el subsidio, es decir va a recibir un aumento en el precio de la energía”, se lee en LN.
“El primer problema de esta segmentación es político, no económico. Muchísima gente que va a recibir un aumento significativo en la boleta de los servicios públicos, sobre todo de la electricidad, no se considera rico. Estamos hablando de que si alguien tiene ingresos superiores a 349.000 pesos por mes está considerado como parte del primer 10% de población en cuanto a nivel de ingresos. Mucha de esa gente no se considera pudiente. Fernanda Vallejos habló de millonarios. No son necesariamente millonarios. Ahí va a haber un primer malestar en la clase media. Además, por eso es muy difícil segmentar, las bases de datos son muy imperfectas y por eso el Gobierno ahora pide tiempo. El secretario de Energía, Darío Martínez, comienza a procrastinar. También habrá reclamos judiciales y reclamos frente al mismo órgano administrativo. Esos reclamos van a tener que ser confrontados con la base de datos. Eso puede demorar mucho todo y puede judicializar también mucho todo”, explica Pagni.
Y destacó como problema estructural la implementación de la tarifa social que en su momento Mauricio Macri le posibilitó a los sectores más vulnerables. De acuerdo a un informe del Banco Mundial, la aplicación de esa tarifa “tiene un 60% de divergencia de lo que debería ser. Quiere decir que hay un 30% de gente que cobra la tarifa social y que no merecería cobrarla, porque puede pagar la energía, pero el Estado se la rebaja suponiendo que posee un nivel de ingresos inferior al que verdaderamente tiene. Hay un 30% de gente que tendría derecho a cobrar la tarifa social pero que no está incluida en ese beneficio”.
Pagni recordó una encuesta que realizó tiempo atrás Alejandro Catterberg, y que reflejaba que la mayoría de los consultados creía que el precio de la energía eléctrica no es una tarifa, sino un impuesto. “Es decir, no es algo ligado a la contraprestación de un servicio que alguien consume y si consume más tiene que pagar más. Está como aceptado, como supuesto, que eso no hay que pagarlo”.
