Luego de un largo proceso judicial de más de una década, la Justicia falló a favor de Mendoza en una demanda millonaria encarada en 2007 por parte de Magna Inversora y Grupo República por daños y perjuicios.
De esta manera, se eludirá el pago de 22 millones de pesos que reclamó el grupo inversor en aquel momento, que al día de hoy se trataría de una suma de aproximadamente 150 millones de pesos. Ese monto superaría hoy los 150 millones de pesos.
La sentencia tiene lugar a más de 20 años de la privatización de los bancos oficiales en manos del grupo inversor liderado por el empresario Raúl Moneta.
Esto se dio gracias al fallo de la jueza María Paz Gallardo, a cargo del tribunal de Gestión Asociada N1, que rechazó la demanda en su totalidad.
La Fiscalía de Estado, a cargo de Fernando Simón, llevó a cabo la defensa del patrimonio oficial en el reclamo millonario y desde el organismo precisaron que se eludirá el pago de 22 millones de pesos que reclamó el grupo hace 15 años, lo que implica más de 150 millones de pesos actualmente. En tanto, remarcaron que se aguardará que la sentencia no sea apelada ante un tribunal superior.
El reclamo
El reclamo que se le hizo a la provincia fue por daños y perjuicios derivados de los hechos, actos, omisiones, ocultamientos y defectos de previsión por la ilegal calificación de la cartera de créditos del Banco de Previsión Social S.A. y del Banco de Mendoza S.A., registrados en los estados patrimoniales de dichas instituciones al 30 de noviembre de 1995.
Según la demanda, el Estado realizó “acciones u omisiones de mala fe” que llevaron a las “compradoras a incurrir en un error en cuanto al verdadero estado patrimonial de los bancos que adquirían, ocasionándole los daños y perjuicios”.
Sin embargo la Justicia rechazó de plano las acusaciones argumentando que “ni siquiera puede válidamente decirse que hay indicios de ello”. Además la magistrada determinó el tiempo otorgado para el proceso de análisis previo fue suficiente.
El fallo destaca que “todo se hizo dentro del marco de un proceso licitatorio, con las formalidades y publicidad que este tipo de procesos requiere. Es decir, no puede de ninguna manera sostenerse que hubo un ardid, engaño, astucia o maquinación cometidos por el Estado Provincial o de sus agentes o funcionarios en contra de los adjudicatarios de la licitación”.
Privatización
La privatización del Banco de Mendoza y el Banco de Previsión Social se produjo el 30 de noviembre del 1996, durante la gestión del ex gobernador Arturo Lafalla, pero el proceso había tenido inicio en el mandato de su antecesor, Rodolfo Gabrielli. El grupo inversor Magna constituyó un consorcio con el Banco República que tomaron las riendas de la banca pública que terminó vaciada y desapareció en 1999.
El Banco República, junto a Magna Inversora (en aquella época integrado por la desaparecida AFJP Fecunda y un grupo de 35 empresas de Cuyo), pagó por los dos bancos provinciales 30 millones de pesos casi lo mismo que reclamaron años después. Estas entidades reunían en ese momento un total de 600 millones de pesos en depósitos, 1100 empleados y una red de 100 sucursales en todo el país.
