En la mañana de este jueves se dio a conocer que el jefe comunal de Tunuyán, Martín Aveiro, adhirió a la ley provincial que propuso el diputado Jorge Difonso y que fue aprobada por la legislatura el pasado 17 de noviembre.
La misma refiere al impedimento de acceder a beneficios fiscales, tributarios, sociales y subsidios a aquellas personas que hayan sido participes de la toma de algún terreno en la provincia de Mendoza.
La decisión del intendente se dio tras haber mantenido una conversación con sus pares de Tupungato y San Carlos, Gustavo Soto y Rolando Scanio respectivamente, e incluso con el propio legislador Difonso.
Por tal motivo, y a pesar de que al momento de ser aprobada la medida no había tenido el apoyo del peronismo, Tunuyán es el segundo distrito de Valle de Uco y el cuarto de la provincia en adherir a la norma.
El titular del bloque del Frete de Todos- Partido Justicialista de la Cámara de Diputados, Germán Gómez, antes de la votación argumentó el voto negativo mencionando que dicho proyecto “no constituye una solución. La gente espera de la clase política otra reacción. Defendemos el derecho a la propiedad, a la vivienda digna, a las políticas que generan mejor calidad de vida”.
“Hay más de 11 notas de distintas organizaciones que han sido presentadas. Lo que han solicitado es que se pueda escuchar sus opiniones previo al tratamiento en la Legislatura. Para la legisladora en Mendoza hay un déficit de más de 70.000 viviendas. Acá es evidente la decisión política de apoyar este proyecto y dejar de lado otras iniciativas” había expresado la senadora peronista Cecilia Juri.
La ley ostenta como requisito para el otorgamiento de beneficios sociales, subsidios de cualquier tipo, o programas de vivienda, no estar condenado por alguno de los delitos previstos en el Capítulo VI, del Título VI, del Libro II del Código Penal.
El primer artículo expresa que “aquellas personas que por violencia, engaños, amenazas, abusos de confianza o clandestinidad, despojare a otro total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre el mismo, como así también a aquellas personas que con violencia o amenazas turbaren la tenencia o posesión de un inmueble, además de aplicársele las penalidades que establece el Código Penal para este tipo de delito, no podrán ser beneficiarios de Planes sociales otorgados por el Gobierno de la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta todas las modalidades de subsidios monetarios, alimenticios o de cualquier otra índole y concepto”.
